Corrupción y Abuso de Poder: La Suprema Corte en Manos de Incompetentes

La desfachatez de los jueces ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos tiempos. Actuando de manera aberrante y disfrazando sus decisiones como justicia, han encontrado cualquier resquicio para liberar delincuentes y proteger a criminales. Sin embargo, desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, esta conducta judicial ha alcanzado nuevas cotas, ya sea por arte de magia o simple coincidencia.

En marcado contraste con la prudencia y mesura del Ministro Zaldívar durante su mandato, Norma Piña ha demostrado un comportamiento arrogante y infantil, desde su falta de respeto a la investidura presidencial hasta autoconcederse un premio irrelevante otorgado por la ministra corrupta Luna Ramos. Su actitud ha culminado con la transmisión de mensajes estúpidos, propios de una adolescente irresponsable, dirigidos al teléfono del Senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado.

Estas conductas inmaduras e indignas de alguien que se considera líder de uno de los tres poderes de la Unión podrían explicar su manera de pensar, que la ha llevado a designar a un familiar de la mafiosa Isabel Miranda de Wallace como su secretario particular. Además, ha contratado a una ex empleada y socia del narcotraficante Genaro García Luna para trabajar en el Consejo de la Judicatura, a pesar de estar siendo investigada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por su presunta participación en el robo de 72 millones de dólares depositados en una de las empresas del delincuente encarcelado en Estados Unidos, cuando ella misma fue nombrada ministra.

El escándalo de esta contratación radica en el hecho de que no solo se haya empleado a una presunta delincuente, implicada al menos en actos de corrupción, sino que se le haya ubicado en el organismo encargado de prevenir y castigar la corrupción judicial. Es un claro ejemplo de la falta de reflexión, imparcialidad y madurez en las decisiones de esta ministra.

Si alguna duda quedaba sobre la toma de decisiones de la Corte que ahora preside, estas se desvanecieron tras la lectura de sus mensajes al Senador Armenta, los cuales revelan su verdadera personalidad. Ahora podemos comprender las decisiones ilegales de la Corte, que incluso han violado la Constitución, usurpado funciones del Poder Legislativo y llevado a cabo acciones ilícitas. Parece que ninguno de estos pomposos personajes que lideran el Poder Judicial tiene la más mínima idea de lo que dicta la ley.

Estos ministros son un pésimo ejemplo para los demás jueces, quienes continúan sin restricciones, liberando a narcotraficantes, secuestradores, torturadores y generadores de violencia, mientras amparan a delincuentes por doquier. Sin duda, lo hacen a cambio de generosas sumas de dinero que los motivan a emitir fallos y decisiones al estilo de los ministros que los encabezan.

Incluso el presidente López Obrador ha declarado, con pleno conocimiento de causa, que hemos perdido por completo a la Suprema Corte, porque está completamente podrida. Y como resultado, hemos perdido también al Poder Judicial, salvo contadas excepciones honorables. Mientras tanto, el órgano encargado de supervisarlos está presidido por alguien que ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, no tener la capacidad necesaria para desempeñar ese cargo. Además, cuenta con la asistencia de una socia del narcotraficante García Luna. En pocas palabras, estamos dejando literalmente la iglesia en manos de Lutero.

Como bien señaló el escritor español Rafael Barret, las autoridades no son lo que deberían ser. A menudo, son ellas las que generan el desorden y el peligro. A veces, es necesario un motín para restablecer el orden perdido. Y en el caso de nuestro sistema judicial, ese motín podría ser la indignación y la exigencia de cambios profundos y verdaderamente transformadores.

Es hora de que los ciudadanos exijamos una justicia imparcial, ética y profesional. No podemos permitir que jueces y ministros se comporten como reyes arrogantes, tomando decisiones sin fundamentos legales sólidos y violando nuestra Constitución. Necesitamos una Suprema Corte y un Poder Judicial que se guíen por la imparcialidad, la justicia y el respeto a las leyes.

Es fundamental que se realice una exhaustiva investigación sobre las actuaciones de Norma Piña y de todos aquellos jueces y ministros que han demostrado una conducta inapropiada. Si se encuentran pruebas de corrupción o delitos, deben ser llevados ante la justicia y recibir un castigo ejemplar. No podemos permitir que sigan amparándose en su posición para cometer actos ilícitos.

Además, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura debe ser renovado y dotado de verdaderos profesionales con integridad y sin vínculos con la delincuencia. Solo así podremos tener garantías de que se ejerce una justicia independiente y confiable.

Es responsabilidad de todos los ciudadanos levantar la voz y exigir cambios profundos en nuestro sistema judicial. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo se libera a criminales y se ampara a delincuentes. Necesitamos jueces y ministros íntegros, comprometidos con la justicia y conscientes de su papel en la sociedad.

La podredumbre en el Poder Judicial no puede ser ignorada ni tolerada. Es momento de recuperar el orden perdido y restaurar la confianza en nuestro sistema de justicia. El motín que necesitamos es un clamor unificado por la transparencia, la imparcialidad y la ética en el ejercicio del poder judicial. Solo así podremos construir una sociedad justa y segura para todos.