Continúa la disputa legal por el campo de golf Tangolunda
La Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la decisión de un juez en Oaxaca que otorgó a Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Salinas, una suspensión definitiva contra la clausura del campo de golf Tangolunda en Huatulco. Este campo fue transformado en parque nacional por un decreto presidencial el pasado 26 de febrero, en una acción que refleja el enfoque ambientalista y de recuperación de espacios públicos promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La medida cautelar fue otorgada por la juez Míriam Fabiola Núñez Castillo el 22 de marzo, permitiendo temporalmente al empresario evitar la clausura del campo. Sin embargo, la fiscalía, representando el interés público y el mandato presidencial, presentó un recurso de revisión, argumentando que la suspensión no debe prevalecer. El caso ahora está en manos del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, que decidirá si mantiene, modifica o revoca la suspensión.
Este litigio subraya el conflicto entre intereses privados y la política gubernamental de preservación ambiental. Salinas Pliego había presentado un juicio de amparo en marzo, alegando irregularidades en el proceso de inspección y clausura del campo de golf, que había sido gestionado por su grupo desde 2012. La clausura del campo fue parte de una inspección más amplia que también abordó preocupaciones sobre la preservación de la flora y fauna local.
La juez Núñez Castillo, al otorgar la suspensión, indicó que continuar con la clausura sin los debidos cuidados podría resultar en un deterioro del mantenimiento del campo, afectando negativamente el entorno natural. Sin embargo, esta suspensión no detiene el procedimiento administrativo en curso relacionado con las órdenes de inspección emitidas a principios de marzo.
El gobierno de López Obrador ha mostrado su firme intención de revertir concesiones pasadas que considera contrarias al interés público y al bienestar ambiental, y este caso es un claro ejemplo de sus esfuerzos por reafirmar el control sobre recursos naturales y espacios de valor ecológico. La resolución de este caso será fundamental para definir las futuras relaciones entre el sector privado y las políticas públicas en materia de medio ambiente y uso de la tierra en México.