Congreso exige depurar candidaturas judiciales ante posibles nexos con el crimen organizado
Ciudad de México.— En un firme llamado a garantizar la integridad del Poder Judicial y la transparencia en la próxima jornada electoral judicial, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos judiciales. La petición se fundamenta en serias observaciones sobre la idoneidad de los aspirantes, algunos de los cuales están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, o bien, no cumplen con los requisitos académicos mínimos.
Los legisladores, representantes del Poder Legislativo, presentaron este lunes ante el órgano electoral tres documentos donde se detallan las irregularidades que comprometerían la legalidad y la ética del proceso de selección de magistrados y jueces. De acuerdo con los documentos entregados, al menos 18 candidatos no cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 95 y 97 de la Constitución, al no gozar de buena reputación pública ni acreditar una conducta profesional compatible con los valores de la judicatura.
Entre los casos más delicados, se señala que seis aspirantes cuentan con carpetas de investigación abiertas por delitos graves como abuso sexual, lesiones, amenazas, peculado, delincuencia organizada e incluso órdenes de aprehensión por delitos contra la salud. Asimismo, se identificó que varios de ellos han ejercido como defensores de miembros del crimen organizado, incluidos integrantes del cártel de Sinaloa acusados de secuestro, narcotráfico y posesión de armamento exclusivo del Ejército.
El Legislativo también alertó sobre otros 12 aspirantes que, sin tener investigaciones en curso, habrían liberado indebidamente a presuntos narcotraficantes o acusados de delitos como desaparición forzada, portación ilegal de armas o abuso sexual, lo que pone en entredicho su capacidad para impartir justicia con imparcialidad.
Además de los cuestionamientos éticos, se detectó que ocho aspirantes no cumplen con el promedio mínimo de ocho en sus estudios de licenciatura, lo que los inhabilita para cargos como magistrados de circuito, jueces de distrito o integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entre los casos más notorios figura el de Noel Castro Melgar, ex juez de distrito en Tamaulipas, quien fue investigado en 2016 por el Consejo de la Judicatura Federal por recibir sobornos. También destaca Karina Almada Rábago, quien en 2024 dictó la libertad de Luis Cárdenas Palomino por falta de pruebas en el caso Rápido y Furioso. Asimismo, se menciona al juez Julio Veredín Sena Velázquez, quien frenó la extradición de Vicente Carrillo Fuentes, y a la jueza Diana Montserrat Partida Arámburo, que ordenó la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, alias El Fantasma, presunto operador del cártel de Sinaloa.
La solicitud presentada por Gutiérrez Luna y Fernández Noroña responde a la convicción de que no puede permitirse que individuos con antecedentes dudosos o sin la preparación requerida ocupen cargos fundamentales para el sistema de justicia del país. De no atenderse esta exigencia, advirtieron, se comprometería gravemente la función jurisdiccional, generando conflictos de interés e inseguridad jurídica.
Con esta acción decidida, el Congreso de la Unión refrenda su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho en México.