Conflicto por adeudo de renta enfrenta a Sepomex con propietario en Durango

Durango, Dgo.– Un prolongado conflicto legal se ha desatado entre el propietario de un inmueble ubicado en la calle Valladolid 307, colonia Azcapotzalco, y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), luego de que esta dependencia federal acumulara un adeudo de 25 meses de renta y se negara tanto a saldar el pago como a desocupar el edificio que ha ocupado durante seis años.

El edificio, de dos plantas, con amplio estacionamiento y una bodega trasera, fue arrendado mediante un convenio conjunto entre Sepomex y el Gobierno del Estado de Durango, el cual se hizo cargo del pago mensual de 35 mil pesos hasta el año 2022. Sin embargo, con el cambio de administración estatal y ante las nuevas condiciones económicas, el gobierno local notificó oficialmente en enero de 2023 —a través del oficio número 1101.0000.021/2023— que dejaría de cubrir dicho arrendamiento, y solicitó a Sepomex asumir el pago directo o desocupar el inmueble a más tardar el 31 de enero de ese año.

Ante la solicitud, Sepomex expresó su inconformidad por lo que consideró un plazo insuficiente para reubicarse. En respuesta, el Gobierno del Estado amplió su apoyo hasta mayo de 2023, periodo durante el cual la dependencia pudo haber realizado una transición ordenada. No obstante, al finalizar la prórroga, Sepomex continuó operando en el lugar sin renovar contrato ni cubrir renta, lo que generó una creciente inconformidad por parte del propietario, José Luis Córdova Meza.

Ante la falta de solución, Córdova Meza emprendió acciones legales para exigir el pago o el desalojo del inmueble. En el expediente 370/2024, que se tramita en el Juzgado Cuarto Civil, Sepomex argumentó que había renovado el convenio con el Gobierno estatal en enero de 2023, versión que fue desmentida por el propietario al presentar pruebas de que dicha renovación fue limitada a solo cinco meses como periodo de transición.

Actualmente, el caso se encuentra en la Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, donde se espera una resolución definitiva. Paralelamente, el propietario ha solicitado la intervención de un juez de distrito para lograr el desalojo del inmueble y la recuperación del adeudo acumulado, que asciende a más de 875 mil pesos.

Córdova Meza acusa a la institución federal de actuar con dolo e incumplir reiteradamente sus compromisos, y ha hecho un llamado enérgico a las autoridades federales para que intervengan y resuelvan este conflicto que, asegura, vulnera sus derechos como arrendador.

Este caso pone en relieve la necesidad de que las instituciones del Estado actúen con responsabilidad y respeto hacia los acuerdos establecidos, y representa una oportunidad para que el Gobierno Federal demuestre su compromiso con el cumplimiento de la ley y la justicia.