Comunidades rurales de Pinos, Zacatecas, exigen frenar ecocidio por explotación de arena
Representantes de 425 familias ejidatarias de ocho comunidades rurales en el municipio de Pinos, Zacatecas, han levantado la voz para denunciar lo que consideran un “ecocidio” provocado por la explotación desmedida de arena en sus territorios. Los pobladores piden la intervención del gobierno federal y demandan que se detenga la extracción que ha causado graves daños ambientales en la zona.
Los ejidatarios han solicitado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revisen la concesión otorgada a J. Jesús Ledesma Ramírez, un particular que ha estado extrayendo arena desde 2013. Los afectados aseguran que la concesión se ha extendido más allá de lo permitido, generando una explotación desmedida que afecta el cauce de un arroyo y dos presas antiguas, en una superficie que abarca más de 200 hectáreas.
Raúl Rodríguez Camarillo, vecino de San Martín, una de las comunidades afectadas, acusó a Conagua de haber otorgado la concesión para la extracción del material pétreo, pero señaló que Ledesma Ramírez ha excedido los límites legales al sacar miles de toneladas de arena de manera irregular. Rodríguez Camarillo destacó que, si bien el permiso original autorizaba una extracción superficial de un metro de profundidad, en la práctica se ha alcanzado una explotación de hasta ocho metros de fondo, lo que ha provocado severos daños al ecosistema.
Entre los principales perjuicios, los vecinos reportan la desaparición de especies de flora y fauna endémicas, como árboles centenarios y animales propios de la región. Marcelino Herrera, ex delegado municipal de San Martín, lamentó que la tala indiscriminada de árboles haya acabado con especies como los tecolotes y armadillos. “Este era un valle verde y hermoso, pero todo se acabó”, expresó con tristeza.
Además de la arena, los habitantes señalaron que también se han llevado piedras y rocas de gran tamaño, vendidas a empresas constructoras en estados vecinos como Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes. Se estima que la explotación ha resultado en millones de toneladas extraídas, transportadas en camiones de gran capacidad que circulan a diario por los caminos de las comunidades.
Los pobladores denunciaron que la maquinaria pesada y el constante tráfico de camiones han destruido las carreteras locales, incluyendo un puente que comunicaba a las comunidades de Huertas del Mezquite y La Esmeralda. A pesar de los constantes reclamos desde 2013, las autoridades no han tomado medidas efectivas para frenar esta situación.
Los ejidatarios aseguran que la Conagua les ha informado que Ledesma Ramírez ya no cuenta con concesión, y que ellos mismos podrían detener los vehículos que continúan con la extracción. Sin embargo, los vecinos temen un enfrentamiento y exigen que las autoridades sean quienes apliquen la ley. “Si ellos dieron los permisos, ellos deben solucionarlo”, afirmaron.
Finalmente, los afectados hicieron un llamado a la Profepa, que les ha solicitado las coordenadas del área para verificar la situación, y criticaron la falta de acción de las instituciones responsables. Mientras tanto, el daño ecológico y social en estas comunidades sigue creciendo, sin que las autoridades respondan a los llamados de auxilio.