Comunidades mayas exigen declarar emergencia socioambiental en la Península de Yucatán

Más de una veintena de comunidades mayas y colectivos han solicitado al gobierno federal que declare la Península de Yucatán como una “zona de emergencia socioambiental” debido a los graves impactos de la industria inmobiliaria, las megafábricas porcícolas y avícolas, el uso de agroquímicos y la minería. Estas actividades, denunciaron, han provocado deforestación, contaminación del agua y la tierra, despojo de tierras y una preocupante disminución de las abejas en la región.

En una conferencia de prensa, representantes de diversas comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, como Hopelchén, Tizimín, Bacalar, Chablekal, Maxcanú, Ixil y Kinchil, alertaron sobre los daños causados por los megaproyectos que, aseguran, están destruyendo el entorno natural y las condiciones de vida en la península. Entre los impactos más graves mencionaron la deforestación masiva, la contaminación del manto acuífero maya y el desplazamiento forzado de los pueblos originarios.

Contaminación por granjas industriales

Silvia Beatriz Chalé, de la comunidad de Chablekal, denunció que la expansión de las industrias porcícola y avícola está contaminando el suelo y el acuífero de la región. Señaló que hay más de 800 granjas porcícolas en Yucatán, muchas de ellas operando sin los permisos ambientales adecuados, y que 350 de estas granjas se encuentran en zonas protegidas. A pesar de la magnitud del problema, Chalé lamentó que las instituciones no han implementado mecanismos efectivos para frenar la destrucción ambiental.

Despojo de tierras por la industria inmobiliaria

El crecimiento de la industria inmobiliaria también ha causado estragos en la zona, particularmente en la costa de Mérida, Bacalar y Campeche. Chalé denunció que esta expansión, en complicidad con instituciones de todos los niveles, ha permitido el despojo de tierras de las comunidades locales, negándoles el derecho a sus territorios y recursos naturales. “Les quitan el derecho que tienen a la tierra y los recursos”, enfatizó.

Deforestación y enfermedades por la agroindustria

Itzel Pech, representante de Hopelchén, destacó que su municipio es el más deforestado del país, con más de 410 mil hectáreas taladas entre 2000 y 2024. Además, advirtió sobre los graves problemas de salud que enfrentan sus comunidades debido al uso excesivo de plaguicidas en la agroindustria, especialmente en la producción de soya transgénica. En su comunidad, Ich-Ek, con mil habitantes, se han registrado diez casos activos de cáncer vinculados al uso de estos químicos.

Pech también alertó sobre la expansión de la agroindustria menonita en la península, que ha causado la muerte masiva de abejas y la degradación de la tierra. “Toda esta muerte de abejas responde a este crecimiento de la agricultura industrial”, señaló, subrayando la gravedad del problema.

Impactos del Tren Maya y otros megaproyectos

Los representantes comunitarios también señalaron al Tren Maya como una fuente de destrucción ambiental, responsable de la deforestación de millones de árboles y la destrucción de cenotes. Además, mencionaron que la instalación de cerveceras ha contribuido a la salinización y el agotamiento del manto freático en la región.

Declaratoria de emergencia

Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, explicó que la solicitud de declarar emergencia socioambiental ya ha sido entregada a la Presidencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). La próxima etapa será llevar la petición a los gobernadores de los estados afectados.

La propuesta se fundamenta en la Ley General de Protección Civil, que permite al Ejecutivo implementar medidas de emergencia no solo ante catástrofes naturales, sino también derivadas de actividades humanas. Las comunidades esperan que estas medidas detengan el avance de los megaproyectos y reparen los daños ya ocasionados.

Con esta declaratoria, las comunidades mayas buscan no solo frenar los impactos devastadores de las industrias, sino también garantizar un futuro sostenible para la Península de Yucatán.