Comunidades de Guerrero Arman a Niños en Defensa y Exigen Justicia
En un acto sin precedentes y ante la grave situación de inseguridad que azota a los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa de Alvarez en Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) tomó la decisión de armar a los niños de las comunidades. Este anuncio, resultado de una asamblea realizada en Ayahualtempa, responde a la necesidad de proteger a las poblaciones locales frente a la amenaza constante que representa el crimen organizado.
Esta medida extrema se fundamenta en la desaparición de cuatro pobladores desde el pasado viernes, un hecho que ha exacerbado la angustia y la determinación de las comunidades. Los desaparecidos, identificados como José Teodoro Domingo Ortiz, Cecilia Gaspar Hernández y sus hijos Roberto y Audencio Domingo Gaspar, fueron reportados como secuestrados por un comando armado en las cercanías de Acoitapachtlan, según el comunicado emitido por la CRAC-PF y firmado por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl (Ctgn), comisariados de bienes comunales y comisarios municipales.
La comunidad, en su comunicado, ha nombrado a los presuntos responsables del secuestro, exigiendo a las autoridades la detención inmediata de Cenobio Romero Hernández, los hermanos Fermilo, Lorenzo y Romero Gatica, Juan, Godilón y Víctor Domingo Gatica, así como Nicolás, Efrén y Nicasio Fermín Morales, Eufrasio Romero Rodríguez e Ignacio Morales Ramírez.
El caso ha generado una reacción contundente por parte de las comunidades afectadas. La CRAC-PF ha anunciado que presentará formalmente a los niños armados a los medios de comunicación nacionales e internacionales en un desfile programado para el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Esta acción busca no solo proteger a la comunidad, sino también llamar la atención sobre la urgencia de la situación y la falta de respuestas efectivas por parte de los tres niveles de gobierno.
La CRAC-PF enfatiza en su comunicado la legalidad y legitimidad de las policías comunitarias, recordando que estas tienen el aval de sus comunidades y se rigen bajo diferentes leyes y tratados. A su vez, demandan respeto y rechazan cualquier acusación de ser un grupo armado ilegal. La comunidad insiste en que su actuación es un acto de autoridad reconocido y necesario ante el vacío de seguridad que enfrentan.
El acuerdo está firmado por consejeros notables de la región, incluyendo a Luis Morales Rojas, Margarito Silva Hernández, Antonio Toribio Gaspar, y Constantino Espinoza Prisciliano, representando a los municipios afectados. Esta situación refleja la complejidad y la gravedad de los problemas de seguridad en Guerrero, donde las comunidades se ven obligadas a tomar medidas extremas para proteger a sus integrantes y exigir justicia.