Comunidades en Chiapas se declaran autónomas para defender sus territorios
El conflicto territorial en la zona limítrofe entre Chiapas y Oaxaca ha alcanzado un punto crítico, dejando a las comunidades y pequeños propietarios de Chiapas en una situación desesperada. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2021, que devolvió 160 mil hectáreas a Oaxaca, ha llevado a estas comunidades a tomar medidas extremas para proteger sus tierras.
En una asamblea celebrada el pasado lunes en el ejido Rafael Cal y Mayor, que anteriormente pertenecía a Cintalapa, Chiapas, cientos de pobladores se pronunciaron a favor de declararse pueblos autónomos. Consideran que esta es la única forma de ignorar las leyes gubernamentales y establecer sus propias normas para defender sus tierras. Sin embargo, la incertidumbre sobre a qué municipio oaxaqueño pertenece ahora su territorio complica aún más la situación.
En vista de la grave situación en la que se encuentran, estas comunidades han solicitado urgentemente la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperan que el gobierno federal intervenga para evitar conflictos y agresiones, y para resolver sus peticiones de atención a servicios y programas estatales y federales.
Además, han expresado su frustración por la falta de atención de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas. Alegan que no han recibido ninguna respuesta por parte de estos gobiernos, a pesar de las amenazas de los comuneros de los Chimalapas, quienes intentan desalojarlos de sus tierras. Según los afectados, el fallo de la SCJN ha sido utilizado por los comuneros chimalapas para confundir la situación y obtener beneficios políticos.
Sin embargo, las comunidades afectadas argumentan que han estado en posesión de sus tierras durante muchos años, respaldados por resoluciones presidenciales inafectables. Afirman que, en el pasado, nunca se les informó que sus tierras pertenecían a los Chimalapas o a Oaxaca, como lo demuestran los documentos legales y su presencia en la zona, donde han establecido escuelas, clínicas, registro civil y otros servicios, así como cuentan con credenciales de elector y claves del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las comunidades afectadas han buscado reunirse con funcionarios de los gobiernos estatales y el gobierno federal en un intento por resolver el conflicto de manera pacífica. Han invitado a los comuneros chimalapas a participar en estas reuniones con la esperanza de lograr acuerdos basados en el respeto mutuo, ya que creen firmemente que la tierra pertenece a quienes la trabajan. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta y sienten que están siendo excluidos de las mesas de trabajo propuestas por el gobierno de Oaxaca.