Comunidades de Oaxaca Logran Amparo Contra Proyectos Mineros: Un Paso Hacia la Autodeterminación
En un hecho sin precedentes, 11 comunidades de Oaxaca han obtenido una victoria legal crucial en su lucha contra los proyectos extractivistas, especialmente contra la minería en su territorio. El Juez Emmanuel Hernández Alba, al frente del Juzgado Primero de Distrito en el estado, ha otorgado un amparo que impide la privación, ya sea total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad y posesión de los terrenos de régimen agrario a estas poblaciones. Este fallo representa un triunfo significativo para los habitantes de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, y otras ocho comunidades, que durante años han enfrentado la amenaza de proyectos mineros que ponen en riesgo su forma de vida y el medio ambiente.
Los miembros del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, en conferencia de prensa, han hecho público este logro, subrayando cómo el amparo es un escudo contra los intereses extractivistas que han asediado la región del Valle de Ocotlán. Esta área ha sido particularmente impactada por el proyecto de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, que desde 2011 ha explotado oro y plata en San José del Progreso sin la consulta previa a los habitantes, quienes han expresado reiteradamente su oposición.
La resolución judicial ahora prohíbe a la Compañía Minera Cuzcatlán, así como a las autoridades federales y del estado de Oaxaca, promover cualquier proyecto minero en los territorios de estas comunidades, mientras las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal están siendo revisadas por el sistema de justicia mexicano. Este es un claro mensaje de que la voz de las comunidades debe ser escuchada y respetada, marcando un precedente importante en la defensa de los derechos territoriales y ambientales.
A pesar de este avance, los habitantes de las localidades beneficiadas mantienen una vigilancia constante, conscientes de que la batalla no ha terminado. Su experiencia les ha enseñado a ser cautelosos, especialmente cuando las promesas políticas previas, como las del gobernador Salomón Jara Cruz, han fallado en materializarse post elección. Esta desconfianza subraya la necesidad de mantenerse firmes en su defensa del territorio y sus recursos naturales.
Este amparo es un paso adelante en la lucha contra el extractivismo que, durante demasiado tiempo, ha privilegiado los intereses económicos sobre el bienestar de las comunidades y la preservación del medio ambiente. La determinación de estas 11 comunidades de Oaxaca demuestra la importancia de la unidad y la resistencia en la defensa de sus derechos, sirviendo de inspiración para otras regiones del país que enfrentan desafíos similares.
La situación en Oaxaca es un recordatorio de la tensión existente entre el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos y ambientales. La decisión del juzgado abre un nuevo capítulo en el que se espera que prevalezca la justicia y el respeto por la autodeterminación de las comunidades indígenas y campesinas, marcando un hito en la historia de resistencia y dignidad de los pueblos de México.