Comunidades de los Chimalapas piden al gobierno federal garantizar la paz y la propiedad de tierras

Las autoridades de 18 comunidades ubicadas en la zona de los Chimalapas han solicitado al gobierno federal que intervenga y promueva la paz entre los habitantes de San Miguel y Santa María Chimalapa, en el estado de Oaxaca, para que respeten la propiedad y posesión de tierras de las comunidades vecinas. En un comunicado, expresaron su preocupación por la seguridad e integridad personal de los pobladores y por el riesgo que representa la situación actual.

El conflicto se ha intensificado después de una resolución emitida en 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que modificó los límites entre Chiapas y Oaxaca, dejando a las 18 comunidades en una situación de indefensión y en manos de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa. A pesar de que las comunidades han tenido posesión de las tierras durante más de 50 años y cuentan con resoluciones presidenciales que así lo respaldan, han enfrentado amenazas de desalojo.

Las autoridades solicitan la intervención de la Secretaría de Gobernación y piden a todas las dependencias del gobierno federal que brinden servicios públicos de calidad, especialmente en áreas como salud, alimentación, educación, infraestructura y seguridad pública, a fin de evitar retrasos y cambios administrativos que afecten a las localidades mientras se resuelve el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas.

Los pobladores de las 18 comunidades enfatizan su disposición a integrarse a Oaxaca para poner fin a los conflictos y la incertidumbre jurídica, pero enfatizan que no están dispuestos a abandonar sus tierras ni ser despojados de ellas. Reclaman el respeto a sus derechos y al régimen agrario interno que ellos mismos han elegido, ya que han trabajado sus tierras de manera pacífica y honrada durante más de 50 años.

Hasta el momento, las comunidades no han recibido respuesta a un oficio entregado a diversas dependencias el 28 de abril, en el que solicitaron soluciones a sus demandas materiales, sociales y comunitarias. Esta falta de respuesta ha generado un vacío político-territorial y ha provocado tensiones con comunidades vecinas que intentan invadir violentamente los territorios ocupados por estas comunidades.

En conclusión, las autoridades de las comunidades de los Chimalapas hacen un llamado al gobierno federal para garantizar la paz, respetar sus derechos de propiedad y posesión de tierras, y brindar servicios públicos de calidad, a fin de evitar conflictos violentos y asegurar la estabilidad en la región.