Comunidad indígena de Morelos es víctima de violencia y amenazas por venta ilegal de terrenos

San Andrés de la Cal, una tranquila comunidad indígena de Morelos, se ha convertido en un escenario de violencia y amenazas de muerte debido a la venta ilegal de terrenos y la construcción en las faldas de los cerros de la zona. Los habitantes denuncian un entramado entre compradores y vendedores de tierras, así como la colusión de autoridades comunales y de los tres niveles de gobierno. En 2020, compradores con “mucho dinero” llegaron para adquirir miles de metros cuadrados en el oriente de la demarcación, y a pesar de que los terrenos están en una zona protegida, los compradores ilegales, con la complicidad de autoridades comunales, municipales, estatales y federales, han obtenido constancias de posesión y permisos de construcción.

Ante la oposición de la comunidad, han comenzado las agresiones, como incendios de vehículos, negocios y casas con bombas molotov, y amenazas de muerte contra los inconformes. Los pobladores aseguran que la situación se ha vuelto crítica después de que una familia vendió ilegalmente uno de los 72 parajes que se encuentran en las faldas de la zona cerril del poblado. Uno de los compradores ilegales, el oftalmólogo Horacio Zavaleta Pineda, ha provocado la ira de la comunidad al negarse a abandonar la zona, incluso después de haber sido expulsado en junio de 2022.

Los habitantes de San Andrés de la Cal, que se dedican al cultivo de maíz, frutos y flores y a la producción de miel, aseguran que la paz en su localidad se acabó hace tres años, y que la violencia es producto de la venta irregular de predios y la construcción en zonas protegidas. Los activistas que luchan contra esta situación han recibido amenazas de muerte, y acusan a Zavaleta de haber contratado a gente para intimidarlos. A pesar de haber denunciado las agresiones ante la Fiscalía General del Estado, la comunidad no ha recibido ayuda para defenderse de la venta ilegal de terrenos y la construcción en zonas protegidas.