CNDH emite recomendación por ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo: Justicia aún pendiente
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recientemente la recomendación 173VG/2024, en la que reconoce las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas el 19 de septiembre de 2019 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese trágico suceso, ocho personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano. Sin embargo, el pronunciamiento llega cinco años después y ha generado controversia por su falta de contundencia y profundidad.
Las víctimas, identificadas como Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, Enrique Pérez Chávez, Jennifer Hazel Romero López y Wilbert Irrastreto Pérez, provenían de diferentes partes del país, incluyendo Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca. A pesar del tiempo transcurrido, sus familias aún claman por justicia y castigo para todos los responsables.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha denunciado de manera constante que las víctimas no solo fueron ejecutadas, sino que además sufrieron torturas y fueron obligadas a portar uniformes tácticos para aparentar ser miembros de un grupo criminal. Según Ramos Vázquez, el montaje se organizó para simular un enfrentamiento armado, lo cual fue desmentido con pruebas contundentes, como videos, testimonios de testigos presenciales e informes oficiales de la Dirección de Vialidad Municipal.
A pesar de estas pruebas, la CNDH concluyó que el Ejército y la Policía Estatal no tuvieron responsabilidad directa, justificando su actuación al señalar que no se percataron de las ejecuciones. Esta postura ha desatado la indignación de activistas y familiares de las víctimas, quienes consideran que el organismo de derechos humanos ha fallado en su misión de proteger a la ciudadanía y exigir rendición de cuentas.
Desde el inicio, la versión oficial del gobierno de Tamaulipas sostuvo que los ocho fallecidos eran parte de una célula criminal. No obstante, el Comité de Derechos Humanos desmintió esta narrativa al revelar el montaje y evidenciar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. En respuesta a estas denuncias, el gobierno estatal emprendió una campaña de desinformación y criminalización tanto contra las víctimas como contra los activistas, con Raymundo Ramos Vázquez como uno de los principales blancos.
La presión mediática obligó a la fiscalía de Tamaulipas a designar un fiscal especial para investigar el caso. Sin embargo, este proceso solo resultó en la detención de dos agentes estatales, mientras otros implicados fueron exonerados o permanecen prófugos, como Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal. La falta de justicia plena ha dejado una profunda sensación de impunidad.
La CNDH recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ofrecer cursos de derechos humanos a los ex integrantes del CAIET, un organismo que ya fue disuelto debido a su historial de abusos. Para Raymundo Ramos, esta medida es insuficiente, pues no responde a la gravedad de las violaciones cometidas. La falta de acciones concretas para castigar a todos los responsables mantiene viva una deuda de justicia con las víctimas y sus familias.
Este caso es un recordatorio de los retos pendientes en materia de derechos humanos y justicia en México. La exigencia de verdad y reparación para las víctimas no cesa, y mientras los responsables sigan sin rendir cuentas, la lucha por la justicia continuará siendo una demanda urgente para la sociedad mexicana.