Clausuran planta tratadora de aguas residuales por contaminar arroyo clave en Nuevo León

La Secretaría Estatal de Medio Ambiente ha clausurado una planta tratadora de aguas residuales perteneciente a un fraccionamiento privado que, de acuerdo con las autoridades, ha estado contaminando el arroyo La Chueca, uno de los principales afluentes de la presa La Boca en Nuevo León. La presa, también conocida como Rodrigo Gómez, es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Monterrey. Esta medida surge tras una inspección en la que se verificaron diversas irregularidades en las prácticas de la planta.

Durante la revisión, la Procuraduría de Medio Ambiente descubrió que la planta tratadora operaba sin la concesión necesaria para descargar aguas residuales en cuerpos de agua nacionales, requisito indispensable para el manejo legal de estas aguas. Además, se constató que la planta no cumplía con los parámetros de la Norma Oficial Mexicana NOM-001, la cual regula los límites permisibles de contaminantes en las descargas que llegan a cuerpos de agua naturales. La dependencia informó en un boletín que, según los residentes de la zona, el agua tratada era parcialmente utilizada para el riego de áreas verdes y el resto se descargaba directamente en el arroyo.

Vecinos de la colonia El Uro, al sur de Monterrey, habían denunciado previamente la aparición de peces muertos y la presencia de contaminantes en el arroyo La Chueca, lo cual generó alarma entre la comunidad, pues el arroyo desemboca en la presa La Boca y afecta la calidad del agua que se distribuye en la región. Cabe destacar que el agua de la presa sigue su curso hasta convertirse en el río San Juan, que a su vez desemboca en el río Bravo, en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Así, el impacto ambiental tiene el potencial de extenderse y afectar a diversas localidades y ecosistemas en el noreste del país.

En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente también identificó problemas en un restaurante de la zona, cuya fosa séptica presentaba escurrimientos hacia la vía pública, situación que podría contribuir a la contaminación del arroyo y, por ende, de la presa La Boca. Dado que el establecimiento no presentó el registro correspondiente de la fosa, la dependencia le otorgó un plazo de cinco días para regularizar su situación. La medida incluye la implementación de acciones urgentes para evitar derrames de aguas almacenadas en la fosa, con el fin de proteger los cuerpos de agua cercanos.

Estas acciones reflejan el compromiso de las autoridades ambientales de Nuevo León con la preservación de los recursos hídricos de la región y la aplicación de sanciones a quienes operan fuera de la normativa. La Procuraduría de Medio Ambiente ha sido clara en señalar la importancia de asegurar que los efluentes no afecten a los ecosistemas ni a las fuentes de abastecimiento de agua en la región.

Las medidas adoptadas responden al llamado de la ciudadanía y a la necesidad de proteger la salud pública y el medio ambiente en la entidad. Las autoridades han instado a los habitantes a reportar cualquier actividad que pudiera estar afectando la calidad de los cuerpos de agua y han reiterado que continuarán realizando inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas.