CEDHJ emite recomendación contra instituciones de Jalisco por maltrato a adolescentes con discapacidad psicosocial
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 34/24 por violaciones graves a los derechos humanos de dos adolescentes con discapacidad psicosocial, quienes fueron institucionalizados en centros de rehabilitación conocidos como “anexos”, donde sufrieron maltratos físicos y psicológicos. Las autoridades responsables, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y la de Zapopan, están señaladas en esta recomendación por no garantizar el bienestar, desarrollo integral y derecho a una vida libre de violencia para los menores.
Estos dos casos, documentados en las quejas 3207/22 y 302/2023, fueron unificados en un solo expediente debido a la similitud de violaciones cometidas por las instituciones. La primera queja fue presentada por la madre de una adolescente que, en 2021, se fugó de casa y fue puesta bajo la custodia de la procuraduría de Zapopan. Sin embargo, la madre no fue informada sobre el paradero de su hija ni se le permitió mantener contacto regular con ella. Durante una visita en 2022, la madre observó signos de maltrato en su hija, quien le reveló haber sido trasladada a un “anexo” donde sufrió abusos físicos. Las investigaciones revelaron que la adolescente había sido internada en 16 lugares distintos, incluyendo hospitales, y que durante su estancia se iniciaron dos carpetas de investigación por abuso sexual. Además, la joven intentó suicidarse y no tuvo acceso a educación formal durante este tiempo.
El segundo caso involucra a un adolescente con discapacidad psicosocial que, tras denunciar presunto maltrato familiar, fue puesto bajo la custodia de la procuraduría estatal. En lugar de ser internado en un centro especializado, fue ingresado en un centro de rehabilitación donde sufrió severas agresiones, como ser esposado y obligado a cargar cubetas de piedras bajo el sol durante largas horas. Pese a las quejas de la madre, las autoridades no investigaron el abuso y únicamente trasladaron al menor a otro centro. Se descubrió además que el adolescente fue privado de su derecho a la educación y sufrió lesiones autoinfligidas para intentar ser retirado del lugar.
La CEDHJ ha solicitado medidas específicas para ambos casos, incluyendo que los adolescentes sean registrados en el Registro Estatal de Víctimas y que se brinde atención psicológica o psiquiátrica especializada a los jóvenes y a sus madres, quienes han sido consideradas víctimas indirectas. La comisión también exige una reparación integral del daño y que se inicien actas administrativas para investigar la negligencia de los funcionarios responsables de estas instituciones.
Este caso ha puesto en evidencia la falta de protocolos adecuados para proteger a menores con discapacidad psicosocial en el estado de Jalisco y resalta la urgencia de medidas que aseguren un trato digno, libre de violencia y con acceso a la educación.