Caso Teuchitlán: La FGR Toma el Control ante la Inacción de Jalisco
Las omisiones de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco (FGJEJ) en el caso del rancho Izaguirre han dejado en evidencia la falta de voluntad o capacidad de las autoridades estatales para enfrentar la delincuencia organizada. Seis meses después de que la Guardia Nacional detuviera a 10 sicarios en este sitio, la fiscalía local no ha concluido los peritajes, no ha identificado con precisión los restos humanos hallados y ha permitido la desaparición de tres vehículos asegurados.
Ante este panorama, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha decidido tomar el control de las investigaciones, una acción necesaria ante la negligencia de las autoridades jaliscienses. La desaparición forzada y la violencia criminal en México no pueden seguir siendo ignoradas ni minimizadas por quienes, en teoría, deberían estar al frente de su combate.
¿Centro de Exterminio o Encubrimiento?
Aunque las madres buscadoras han señalado que el rancho Izaguirre era utilizado como un centro de exterminio por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Gertz Manero ha declarado que aún no hay pruebas suficientes para confirmarlo. No obstante, sí hay evidencia de que este lugar funcionaba, al menos, como un centro de entrenamiento criminal, donde a los reclutas se les obligaba a cambiar su ropa y calzado, dejando detrás pertenencias que podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzada.
El encubrimiento de las autoridades locales es una de las principales líneas de investigación de la FGR. Se tienen registros de que la policía del municipio de Tala operó para proteger a los grupos criminales y que al menos un elemento de esta corporación ya ha sido detenido. No es casualidad que la fiscalía de Jalisco no haya integrado en su investigación testimonios que vinculan a funcionarios con el crimen organizado.
Negligencia, Corrupción y la Necesidad de Justicia
El caso de Teuchitlán refleja un patrón que ha sido recurrente en algunos estados: omisiones, negligencia y una preocupante relación entre autoridades locales y el crimen organizado. La falta de registro adecuado de los indicios, la omisión en la identificación del inmueble y la ausencia de peritajes definitivos no son simples descuidos, sino síntomas de una impunidad estructural.
El gobierno de la Cuarta Transformación ha sido claro en su compromiso de no permitir otro Ayotzinapa, y la intervención de la FGR en este caso es una muestra de ello. No puede haber más simulaciones ni verdades históricas fabricadas para proteger a los verdaderos responsables.
Un Paso Hacia la Verdad
La decisión de la FGR de atraer el caso y exigir toda la documentación y peritajes pendientes es un paso en la dirección correcta. Si se confirma que el rancho Izaguirre operaba como un centro de exterminio, no solo deberá castigarse a los responsables materiales, sino también a las autoridades que facilitaron o permitieron su operación.
Este caso debe marcar un precedente: la impunidad no será tolerada y la justicia debe llegar a las víctimas. La lucha contra el crimen organizado no puede ganarse si hay gobiernos locales que, en lugar de enfrentarlo, lo encubren o ignoran sus crímenes.