Carrizalillo resiste: dignidad contra el despojo minero

A unos cuantos días de que expire el contrato de ocupación temporal entre la empresa canadiense Equinox Gold y el ejido de Carrizalillo, en Guerrero, los campesinos han dado una lección de dignidad que resuena más allá de sus tierras: han dicho no a la imposición, al chantaje y a la explotación disfrazada de desarrollo. Frente a las presiones de la minera para reducir en más del 60 por ciento el pago por la renta de sus terrenos, y disminuir las prestaciones sociales, los ejidatarios se han mantenido firmes. No por capricho, sino por justicia.

Equinox Gold, como tantas otras mineras extranjeras que durante años han operado en México con privilegios escandalosos, apostó a lo de siempre: dividir a la comunidad, comprar voluntades, desprestigiar a los líderes, sembrar miedo y desinformación. Pero esta vez se toparon con una comunidad organizada, consciente de sus derechos y respaldada por autoridades que ya no se someten a los intereses del capital extranjero.

Durante la asamblea del pasado 23 de marzo, con la presencia del titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez, y del representante del gobierno estatal, Cuauhtémoc Ramírez, quedó demostrado que el 90 por ciento de los 175 ejidatarios de Carrizalillo rechazan la propuesta de Equinox Gold. Esta no es una minoría inconforme, como pretende hacer creer la empresa; es la voz legítima del pueblo, una mayoría contundente que ha dicho basta a los abusos.

La minera ha intentado maquillar su oferta con un supuesto “obsequio” de terrenos, de los cuales solo el 30 por ciento podría ser aprovechado, mientras el resto es inservible por su ubicación en laderas y zonas irregulares. La trampa es evidente: dar lo que no sirve para quedarse con lo que sí. Los ejidatarios no cayeron en la provocación. Su respuesta fue clara: prefieren cerrar la mina antes que seguir cediendo su territorio a cambio de migajas.

Y es que el impacto de la minería en Carrizalillo no es menor. Al menos el 85 por ciento del ejido colinda con la operación minera, lo que ha provocado graves afectaciones ambientales y sanitarias: contaminación del agua, enfermedades respiratorias, daños a cultivos, pérdida de biodiversidad. ¿Quién paga ese costo? ¿Quién repara los daños? La empresa no solo quiere pagar menos por el uso de la tierra; quiere ignorar el precio real que la comunidad ha pagado con su salud y su entorno.

En un gesto de buena voluntad y apertura al diálogo, la Mesa Agraria del ejido presentó una nueva propuesta: reducir en un 57 por ciento sus pretensiones económicas, con el objetivo de facilitar un acuerdo que permita la continuidad de operaciones, pero bajo condiciones dignas. Este acto, lejos de ser una rendición, es una muestra de sensatez y compromiso con el desarrollo sostenible. Pero también pone la pelota en la cancha de Equinox Gold: o rectifican su postura y respetan a la comunidad, o se van.

La Cuarta Transformación ha dejado en claro que el país ya no está a la venta. Bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la continuidad garantizada por Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano ha recuperado su papel de defensor del interés nacional, especialmente en sectores estratégicos y frente a las empresas extranjeras que, durante el neoliberalismo, hicieron de México un paraíso fiscal y un infierno ambiental.

Casos como el de Carrizalillo eran moneda corriente durante los gobiernos del PRI y el PAN. Ahí están los contratos firmados por Calderón y Peña Nieto, que entregaban tierras, agua y recursos naturales a corporativos canadienses y estadounidenses sin consulta ni consentimiento de las comunidades. Hoy eso ha cambiado. El acompañamiento de autoridades federales y estatales a los ejidatarios de Guerrero demuestra que el gobierno está del lado del pueblo, no de las trasnacionales.

Pero no basta con la presencia institucional. Es necesario dar un paso más y revisar a fondo la legalidad y legitimidad de todas las concesiones mineras otorgadas durante el periodo neoliberal. Muchas de ellas fueron obtenidas bajo prácticas corruptas, con documentos falsificados, sin estudios de impacto ambiental o sin respetar los derechos de los pueblos originarios. La justicia ambiental no puede seguir esperando.

Además, urge fortalecer la legislación para que las comunidades no solo sean consultadas, sino que tengan poder de veto efectivo sobre proyectos que afecten su territorio. La minería, como la energía, debe ser estratégica, regulada por el Estado y subordinada al bien común. No se trata de frenar el desarrollo, sino de cambiar el modelo: ya no más extractivismo depredador, sino un nuevo pacto con la tierra, basado en la sustentabilidad, la equidad y la soberanía.

La campaña de desprestigio que la empresa ha lanzado contra la comunidad, a través de medios locales y redes sociales, revela su desesperación. Equinox Gold pensó que Carrizalillo era un ejido más, uno de tantos a los que se puede comprar con un convenio mal redactado. Pero se equivocaron. Esta comunidad no solo tiene memoria, tiene organización, tiene dignidad. Y tiene ahora, además, el respaldo de un gobierno que no se pone de rodillas ante nadie.

Este lunes se definirá el rumbo de la mina. Puede haber acuerdo si la empresa rectifica. Pero si decide seguir por el camino del desprecio y la imposición, será responsable del cierre. Carrizalillo ya lo decidió: o se respetan sus condiciones, o se apagan las máquinas. Porque ningún desarrollo vale más que la vida, la salud y el derecho a decidir sobre la propia tierra.

En tiempos donde muchas voces claman por la defensa de los recursos nacionales, el caso de Carrizalillo debe ser ejemplo. La soberanía no se decreta, se ejerce. Y hoy, gracias al empuje del pueblo y al acompañamiento de un gobierno que pone por delante a los más vulnerables, México está recuperando lo que nunca debió haber perdido: el control sobre su destino.

Carrizalillo no está solo. Carrizalillo es México.