Avanzan operativos para proteger los bosques en Michoacán ante la expansión ilegal del aguacate
En el último año, las autoridades de Michoacán han intensificado los esfuerzos para proteger los bosques de la tala ilegal que está impulsada por la expansión de sembradíos de aguacate. Según datos recientes de la Fiscalía General del Estado, se han asegurado 30 predios en los que se habían destruido 60 hectáreas de árboles para plantar este fruto. Estos operativos forman parte de una estrategia más amplia para cumplir con las regulaciones internacionales, particularmente aquellas estipuladas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige un certificado que garantice que no se ha realizado deforestación para el cambio de uso de suelo en la producción de aguacate.
Los cateos se han concentrado principalmente en los municipios de Salvador Escalante, Quiroga, Tacámbaro, Morelia y Pátzcuaro, entre otros. En la mayoría de los casos, los dueños de los terrenos deforestaron de manera ilegal para plantar aguacates, lo que va en contra de las leyes ambientales vigentes en el estado. La expansión de esta actividad ha sido desmedida, ya que hace menos de 20 años Michoacán tenía aproximadamente 120 mil hectáreas dedicadas a este cultivo, mientras que hoy en día la cifra supera las 180 mil hectáreas. Alrededor de 60 mil de estas hectáreas han sido plantadas sin los permisos correspondientes, según señalaron autoridades ambientales y organizaciones ecologistas.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó la importancia de la certificación ambiental, mencionando que, aunque actualmente es voluntaria, en breve será un requisito obligatorio para los productores de aguacate. Esto es parte de una estrategia para fortalecer las exportaciones y cumplir con las exigencias internacionales. Ramírez Bedolla destacó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha reconocido los avances del estado en cuanto a la certificación de los productores de aguacate.
El embajador Salazar ha insistido en la necesidad de que los productores no solo certifiquen que sus tierras no provienen de la deforestación, sino que también se comprometan a proteger entre tres y seis hectáreas de bosque por cada hectárea de aguacate plantada. Además, deberán demostrar que el agua utilizada para el riego proviene de fuentes sostenibles, ya que se estima que en Michoacán existen más de 30 mil ollas de agua ilegales que contribuyen al uso inadecuado de los recursos hídricos.
La certificación ambiental también incluye demandas relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores de la industria del aguacate. Las autoridades de Estados Unidos, que importan el 80% del aguacate producido en Michoacán, han hecho hincapié en que los empleados deben contar con seguridad social, lo que implica una mejora en las condiciones laborales y de seguridad para miles de trabajadores en el estado.
Michoacán es el principal productor de aguacate de México y el mundo. En 2023, se estima que el estado exportó 1.3 millones de toneladas de este fruto a Estados Unidos. Sin embargo, las exigencias ambientales y laborales son cada vez mayores, y el estado se prepara para cumplir con estos nuevos estándares internacionales que buscan garantizar una producción sostenible y justa.
Con estas medidas, Michoacán reafirma su compromiso con el medio ambiente, asegurando que la industria del aguacate, el llamado “oro verde”, siga siendo una fuente de desarrollo económico sin comprometer los valiosos recursos naturales que sostienen el ecosistema del estado.