Avanza en el Senado reforma para ampliar la prisión preventiva oficiosa
Con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados, el Senado aprobó en comisiones la reforma al artículo 19 Constitucional que adiciona nuevos delitos al catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre los ilícitos que ahora podrán ser sancionados con esta medida se encuentran la extorsión, el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, así como el contrabando y actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales.
La votación en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos concluyó con 22 votos a favor del bloque de la 4T y 10 en contra por parte de la oposición. Aunque el bloque opositor argumentó que esta reforma vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, Morena defendió la medida como un paso necesario para combatir delitos graves y asegurar que los acusados enfrenten el proceso penal sin riesgo de evasión.
Respaldo de la 4T y críticas de la oposición
El senador de Morena, Saúl Monreal, desestimó las críticas sobre el posible abuso de la prisión preventiva oficiosa. “No es un castigo ni un cheque en blanco para encarcelar inocentes. Es una herramienta para atacar delitos graves y garantizar justicia”, sostuvo. En cambio, la senadora priista Claudia Anaya advirtió sobre los riesgos de la reforma, señalando que “cada vez que se modifica el artículo 19, se deteriora más”.
Por su parte, el panista Ricardo Anaya Cortés se unió a los señalamientos en contra de la reforma, citando observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Anaya, la prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia y las garantías individuales, argumentos que el dictamen aprobado no contempla a fondo.
Origen y alcance de la iniciativa
La reforma forma parte de las iniciativas impulsadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque originalmente incluía delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, estos fueron eliminados en la Cámara de Diputados antes de ser enviados al Senado.
El dictamen subraya que no se desatienden las recomendaciones de la CIDH, sino que se actúa en línea con la reforma en materia de justicia de 2008, la cual permite restricciones constitucionales a la libertad en casos graves. Además, se busca evitar interpretaciones judiciales que podrían beneficiar a delincuentes confesos, aseguró el bloque oficialista.
Justificaciones del dictamen
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Alfonso Silva Romo, defendió la inclusión de estos nuevos delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Argumentó que la extorsión afecta la tranquilidad de las familias, el tráfico de fentanilo pone en riesgo la salud pública y el contrabando de comprobantes fiscales vulnera la administración pública, aspectos que justifican su consideración como conductas de alto impacto.
Un debate polarizado
Mientras Morena y sus aliados aseguran que esta medida fortalece la justicia y combate la impunidad, la oposición señala que la prisión preventiva oficiosa abre la puerta a abusos, violaciones de derechos humanos y una aplicación desproporcionada de la norma. A pesar de los señalamientos, la reforma avanza en el Senado y promete un intenso debate en el pleno.
Si se aprueba en los términos actuales, esta modificación al artículo 19 consolidará un marco más rígido para delitos graves, aunque no sin cuestionamientos sobre su impacto en las garantías constitucionales de los ciudadanos.