Avances en proyectos de vivienda social: Se aprueba ampliación millonaria para 10 entidades
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados ha aprobado una importante ampliación de 480 millones de pesos para el presente año, los cuales serán canalizados hacia proyectos de vivienda social en 10 entidades del país. Esta decisión, respaldada por la Comisión de Vivienda, implica que los gobiernos estatales también destinarán una cantidad igual para fortalecer estas iniciativas.
Durante la reunión ordinaria celebrada ayer, la comisión no solo dio su visto bueno a esta asignación adicional, sino que también aprobó una reforma a la Ley de Vivienda con el objetivo de que los desarrollos inmobiliarios contemplen espacios adecuados, accesibles y funcionales, incluso para personas con discapacidad. Esta medida busca garantizar la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos.
La presidenta de la comisión, Lilia Aguilar Gil del partido político PT, informó que, en el año 2022, se había presentado una solicitud de ampliación de recursos que lamentablemente no fue avalada. Sin embargo, gracias a la persistencia y la insistencia de la comisión, esta vez lograron obtener la aprobación necesaria.
Aguilar Gil mencionó que se recibieron cartas de intención provenientes de 10 gobernadores, lo cual permitirá la liberación de los recursos destinados a los proyectos de vivienda social. Además, adelantó que en junio se presentará una nueva propuesta de ampliación para el año 2024, con el fin de continuar fortaleciendo este sector tan importante para el país.
En cuanto a la distribución de los fondos para este año, se especificó que se destinarán 53 millones de pesos de recursos federales a Michoacán, 120 millones a Nuevo León, 50 millones a Yucatán, 120 millones a Chihuahua, 15.3 millones a Jalisco, 30 millones a Nayarit, 10 millones a Puebla, 50 millones a Oaxaca, 16 millones a Tamaulipas y 16 millones a Tabasco. Cabe destacar que los gobiernos de estas entidades deberán aportar montos iguales para complementar la inversión.
Sin embargo, durante la sesión de la comisión, la diputada panista Gina Campuzano mostró su inconformidad al enterarse de que el gobierno y los legisladores de Durango habían presentado todos los documentos necesarios, pero no recibirían fondos para sus proyectos de vivienda social.
Ante esta situación, Aguilar Gil explicó que, aunque se había realizado la gestión correspondiente, no se había recibido la carta de intención por parte del gobernador Esteban Villegas, en la cual se comprometiera a asignar el mismo monto que aporta la Federación. Ante la respuesta de la presidenta de la comisión, Campuzano expresó su descontento y reprochó la falta de comunicación por parte de las autoridades duranguenses.
La diputada panista señaló: “Pero no avisaron. Hubiera movido cielo, mar y tierra. Aquí tengo la carta. Si lo que pedimos a gritos son recursos para los estados. Para mí, fue falta de voluntad. Me agüita que dejen fuera a Durango”.
La diputada Campuzano manifestó su deseo de haber sido informada oportunamente para poder tomar medidas y asegurarse de que los recursos necesarios llegaran a su estado. Expresó su profunda decepción por lo que consideró una falta de voluntad por parte de las autoridades estatales al no presentar la carta de intención requerida.
La discusión generó un debate en la comisión, donde otros legisladores expresaron su solidaridad con la diputada Campuzano y su preocupación por la exclusión de Durango de los fondos asignados para los proyectos de vivienda social. El diputado Alberto Méndez, del partido Movimiento Ciudadano, señaló que es fundamental que los recursos lleguen a todas las entidades que lo necesiten, y que se deben evitar situaciones donde los ciudadanos se vean perjudicados debido a la falta de coordinación y comunicación entre los gobiernos estatales y federales.
En respuesta a las críticas y preocupaciones planteadas, la presidenta de la comisión, Lilia Aguilar Gil, se comprometió a revisar detalladamente el caso de Durango y a buscar soluciones para asegurar que los recursos necesarios lleguen a dicha entidad. Reconoció que la falta de comunicación fue un error y aseguró que tomará las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
Aguilar Gil destacó la importancia de la transparencia y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar el éxito de los programas de vivienda social. Enfatizó que el objetivo de la comisión es promover políticas inclusivas y equitativas que beneficien a todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia.
La ampliación de recursos para proyectos de vivienda social es una medida crucial para abordar el déficit habitacional en México y mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Estas inversiones permitirán la construcción y mejora de viviendas accesibles y funcionales, garantizando el acceso a un hogar digno para todos los ciudadanos.
Se espera que la asignación de estos recursos adicionales impulse el desarrollo de proyectos de vivienda social en las 10 entidades beneficiadas, generando empleo y promoviendo el crecimiento económico en esas regiones. Además, la reforma a la Ley de Vivienda asegurará que los nuevos desarrollos inmobiliarios cumplan con los estándares de accesibilidad y funcionalidad, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados continuará trabajando en la búsqueda de soluciones y en la asignación de recursos para impulsar el sector de vivienda social en México. A medida que avance el año, se espera que se presenten nuevas propuestas de ampliación presupuestaria, con el objetivo de fortalecer aún más estas iniciativas y lograr un impacto positivo en la calidad de vida de los mexicanos.
La atención se centrará ahora en la revisión del caso de Durango y en la búsqueda de alternativas para asegurar que el estado pueda acceder a los recursos necesarios para sus proyectos de vivienda social. Los legisladores y funcionarios estarán en contacto con las autoridades estatales para resolver esta situación y evitar la exclusión de Durango de las inversiones destinadas a mejorar las condiciones