Avance legislativo clave para la protección del personal médico en México

En un acontecimiento histórico, la Cámara de Diputados de México ha dado un paso significativo hacia la protección y la justicia para el personal médico del país. Con una aprobación unánime, se ha dictaminado una reforma vital que adiciona la fracción V al artículo 90 de la Ley General de Salud. Este cambio normativo no solo fortalece el marco jurídico existente, sino que también busca erradicar la discriminación y la violencia dentro del sistema de salud, protegiendo así los derechos individuales y colectivos de médicos, médicos residentes y estudiantes de medicina.

Este dictamen, que ahora pasará al Senado para continuar su trámite constitucional, surge en un contexto de necesidad urgente de atención hacia la precariedad laboral que enfrenta el personal médico en México. Este grupo ha soportado condiciones adversas durante años, exacerbadas por el autoritarismo estructural en el ambiente médico, así como por las limitaciones presupuestales y de infraestructura. La reforma promueve la creación de programas de capacitación a cargo de la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, enfocados en prevenir y atender cualquier forma de violencia, acoso y hostigamiento.

Durante el debate de la reforma, la diputada Lilia Villafuerte Zavala del PVEM hizo énfasis en la necesidad de que las medidas legislativas reflejen la realidad actual de los médicos residentes y sus derechos. Destacó que la persistencia de discriminación en los centros de salud donde estos profesionales prestan servicios es inaceptable y debe ser combatida con determinación.

La reforma también aborda un tema profundamente preocupante: la violencia de género. Es alarmante el grado de hostigamiento que los médicos en formación deben soportar, que va desde insultos hasta acoso sexual. Este tipo de violencia no solo es inhumano sino completamente contrario a los principios de respeto y dignidad que deben regir en todos los sectores.

Este momento legislativo es un claro reflejo del compromiso del Gobierno de México con la justicia social y la protección de sus ciudadanos. Es imperativo que esta reforma no solo se convierta en ley, sino que se implemente efectivamente para garantizar que los futuros especialistas médicos puedan trabajar en entornos libres de violencia, donde sus aspiraciones y derechos sean plenamente respetados. Este es un paso adelante para que ningún profesional de la salud en México tenga que renunciar a su sueño de especializarse debido a un entorno laboral tóxico.