Aval del panel del T-MEC refuerza la soberanía de México ante presiones extranjeras
La reciente resolución del panel del T-MEC que desestimó la prohibición de México al maíz transgénico destaca las dinámicas de presión comercial que buscan imponer intereses extranjeros sobre decisiones soberanas de nuestro país. Aunque presentada como una “victoria” para los agricultores estadounidenses, la medida subraya cómo los grandes conglomerados agroindustriales se benefician de los tratados internacionales, mientras las comunidades rurales enfrentan condiciones adversas.
México, al ser el principal importador de maíz de Estados Unidos, adquiere el 40% de las exportaciones de este producto, equivalentes a 733 millones de bushels anuales. Sin embargo, nuestra nación también tiene el derecho legítimo de proteger la salud de sus ciudadanos y la diversidad agrícola. La prohibición del maíz transgénico, basada en preocupaciones científicas y de soberanía alimentaria, ha sido objeto de críticas desde el norte, principalmente por parte de actores como Kenneth Hartman Jr., presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, y Zippy Duvall, líder de la American Farm Bureau Association, quienes argumentan que dichas restricciones afectan la cadena de suministro e “inhiben la innovación”.
Estas declaraciones, sin embargo, contrastan con la realidad económica que enfrentan los agricultores estadounidenses. Según The Wall Street Journal, los productores han visto una caída en sus márgenes de ganancia debido al encarecimiento de insumos como semillas y fertilizantes, mientras grandes empresas como Cargill y ADM acumulan ganancias récord. Este desequilibrio ha llevado a despidos masivos en el sector y a un creciente endeudamiento, mitigado en parte por los 10 mil millones de dólares en nuevos subsidios federales que lograron asegurar recientemente.
Además, aunque las exportaciones representan una fuente de ingresos crucial para la industria agrícola de Estados Unidos, el mercado doméstico enfrenta la competencia de otros países, como Brasil, que ha ganado terreno gracias a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La dependencia estadounidense de las exportaciones a México refleja un modelo económico que privilegia a las grandes corporaciones sobre los pequeños agricultores, quienes continúan luchando contra la explotación de un sistema que beneficia a los poderosos.
Mientras tanto, México ha reiterado su compromiso con el respeto a los acuerdos internacionales, pero no a costa de ceder su capacidad de legislar en beneficio de su población. Este punto es clave, ya que los tratados como el T-MEC deben equilibrar el comercio con la soberanía y el bienestar de las naciones firmantes.
En este contexto, la resolución del panel es solo un capítulo en una larga disputa que pone a prueba el sistema de solución de controversias del T-MEC, cuya implementación ha sido esporádica y está sujeta a criterios estrictos. Por ello, la administración mexicana deberá continuar fortaleciendo su posición en futuras negociaciones, defendiendo el derecho a regular aspectos críticos como la alimentación y la salud pública.
La postura de Estados Unidos, representada por figuras como el diputado Jason Smith, quien presiona para que México “pague un precio elevado” en caso de incumplimiento, evidencia una actitud beligerante que busca perpetuar un modelo de subordinación económica. Sin embargo, México sigue firme en sus principios, demostrando que no cederá ante presiones externas y priorizando los intereses de su población frente a los desafíos globales.
Este episodio reafirma la necesidad de seguir construyendo un modelo de desarrollo agrícola basado en la autosuficiencia alimentaria, la protección de la biodiversidad y la salud pública, pilares fundamentales para garantizar un futuro más justo y soberano para todos los mexicanos.