Aumenta recaudación, pero persisten rezagos en desarrollo social, advierten expertos
A pesar del avance en la recaudación tributaria logrado en los últimos sexenios, México aún enfrenta importantes desafíos en materia de desarrollo social. Así lo concluyó el documento Gasto público justo y eficiente: Una herramienta para la igualdad, publicado por la Alianza por la Justicia Fiscal, una iniciativa integrada por organismos como Oxfam México, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y México Evalúa.
El análisis, elaborado por Jorge Eduardo Cano y Ramiro Suárez, expertos en gasto público de México Evalúa, señala que los ingresos tributarios del sector público han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, pasando de representar el 12.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 a un 14.3 por ciento en 2023. Sin embargo, este aumento no ha traído consigo una mejora integral en los indicadores sociales, particularmente en áreas clave como la salud y la educación.
Uno de los datos más alarmantes que arroja el estudio es el deterioro en el acceso a servicios de salud. Según el análisis, el número de personas sin acceso a estos servicios pasó de 20 millones en 2018 a 50.3 millones en 2022, lo que refleja un grave retroceso en este derecho fundamental. Cano subrayó que este es uno de los principales indicadores de desigualdad social que aún no han mejorado pese al incremento en los ingresos fiscales del país.
En materia educativa, la situación también ha empeorado. El estudio estima que para 2024 habrá 1.2 millones menos de estudiantes en comparación con 2018. Asimismo, la población con rezago educativo creció de 23.5 millones en 2018 a 25.1 millones en 2022, evidenciando la necesidad de un mayor esfuerzo en la asignación eficiente de recursos hacia este sector.
El documento advierte que la situación fiscal de México enfrenta serios desafíos, ya que los ingresos actuales no son suficientes para cubrir las demandas y necesidades crecientes de la población. Esta insuficiencia ha derivado en un incremento del endeudamiento público, que alcanzará niveles históricos en 2024. Cano y Suárez señalaron que los requerimientos financieros del sector público son alarmantes y comprometen la sostenibilidad de las finanzas del país.
Comparativamente, México sigue teniendo bajos niveles de recaudación tributaria en relación con otros países, lo que limita la capacidad del Estado para reducir desigualdades mediante políticas sociales. Los autores del estudio enfatizaron que, aunque es necesario ampliar los ingresos fiscales, también es imprescindible asegurar un gasto público de mayor calidad y eficiencia. Sin mecanismos de control adecuados para reducir la discrecionalidad en la asignación y ejecución de los recursos, el riesgo de destinar fondos a proyectos no socialmente rentables o a gastos corrientes persistirá.
Otro aspecto relevante señalado en el informe es que, aunque la pobreza ha disminuido en términos generales —pasando del 41.9 por ciento de la población en 2018 al 36.3 por ciento en 2022—, persisten retrocesos en otros indicadores de bienestar. Por ejemplo, la proporción de viviendas que reciben agua diariamente disminuyó del 69.5 por ciento en 2018 al 65.8 por ciento en 2022, a pesar del aumento en los ingresos públicos.
En resumen, el informe de la Alianza por la Justicia Fiscal plantea un panorama mixto para México: aunque los ingresos tributarios han crecido, las mejoras en el desarrollo social no han sido integrales. Para avanzar hacia una sociedad más equitativa, será necesario implementar controles más estrictos sobre el uso del gasto público y asegurar que los recursos se destinen a áreas que verdaderamente mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables.