¡Arrasa Morena! Avanza sin restricciones del INE en sus giras y actos públicos de las ‘corcholatas’

En una decisión controvertida, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado un proyecto que buscaba frenar las giras y actos públicos de los aspirantes a coordinador de defensa de la Cuarta Transformación de Morena y sus aliados. Esta determinación, con dos votos en contra y uno a favor, deja en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión final, ante una previsible impugnación de Jorge Álvarez Maynez, representante de Movimiento Ciudadano.

Álvarez Maynez presentó la denuncia contra Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, acusándolos de realizar actos anticipados de precampaña y campaña de cara a la contienda electoral de 2024. El recurso fue presentado hace apenas ocho días, y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE actuó rápidamente al elaborar un proyecto que propone la suspensión de todos los “actos públicos abiertos” de los denunciados, argumentando que dichas actividades son proselitistas e ilegales en su intento de posicionar a Morena.

Este tema ha generado divisiones entre los 11 consejeros del INE. En la sesión de ayer, además de los integrantes de la Comisión de Quejas, participaron como invitados, sin derecho a voto, los consejeros Jaime Rivera, Arturo Castillo y Dania Ravel, quienes expresaron su apoyo al proyecto. Sin embargo, los consejeros Rita Bell López Vences y Jorge Montaño se mostraron en contra, argumentando que el proyecto de la UTCE prejuzga y adelanta conclusiones sin realizar un estudio exhaustivo, que correspondería a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del TEPJF según lo establecido por la Constitución.

López Vences y Montaño señalaron que las 28 actas circunstanciadas elaboradas por enviados de las juntas distritales del INE, que reportaron 34 eventos de los aspirantes de Morena en 12 entidades federativas, no demuestran de manera concluyente si los asistentes a dichos eventos eran o no militantes del partido. Además, destacaron que este proyecto contradice una resolución anterior de la misma comisión, emitida el 16 de junio, en la que solo se acotaron los eventos sin ordenar su suspensión.

El consejero Montaño incluso insinuó que la UTC tenía prisa por sustentar a toda costa el sentido del proyecto. Durante la sesión, los consejeros invitados y la presidenta de la comisión, Claudia Zavala, discutieron sobre tesis y jurisprudencias de los máximos tribunales para determinar qué se considera un acto proselitista y en qué casos se puede emitir una medida cautelar.

En contraposición, el consejero Rivera declaró que el proyecto es pertinente para que el INE “reaccione jurídicamente ante el alud de hechos que tienen toda la apariencia de proselitismo prelectoral”. Según él, estos actos podrían considerarse como el “banderazo de salida” para el proceso de selección del candidato presidencial de Morena.

La postura de Zavala, al término de las exposiciones, fue clara y contundente: “Se deben parar esos eventos”. Sin embargo, esta decisión no ha sido respaldada por la mayoría de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, lo que ha generado una gran controversia y deja la última palabra en manos del TEPJF.

La decisión de desechar el fallo que prohibía las giras de los denominados “corcholatas” ha sido ampliamente criticada. Algunos consideran que el proyecto presentado por la UTCE del INE carece de fundamentos sólidos y prejuzga a los aspirantes sin un análisis exhaustivo de los hechos. Además, se argumenta que las actas circunstanciadas elaboradas por los enviados del INE no proporcionan pruebas concluyentes sobre la participación de militantes de Morena en los eventos denunciados.

La división entre los consejeros del INE refleja la complejidad y sensibilidad del tema. Mientras unos apoyan la suspensión de los actos públicos de los aspirantes a coordinador de defensa de la Cuarta Transformación de Morena, otros consideran que la decisión es precipitada y que debe ser la Sala Especializada del TEPJF la encargada de resolver esta situación.

Ahora, la atención se centra en la Sala Superior del TEPJF, que deberá analizar y pronunciarse sobre la impugnación presentada por Jorge Álvarez Maynez. Será este órgano judicial el encargado de tomar la decisión final y determinar si se prohíben o no las giras y actos públicos de los aspirantes denunciados.

Esta controversia no solo tiene implicaciones legales y políticas, sino que también puede afectar el desarrollo del proceso electoral de 2024. Si se llega a prohibir las giras y actos públicos de los aspirantes de Morena, esto podría impactar en la estrategia de posicionamiento y promoción del partido, así como en la manera en que los contendientes se dan a conocer ante el electorado.

La decisión final del TEPJF será crucial para el futuro político de los aspirantes y para el panorama electoral en general. Se espera que se realice un análisis minucioso de los argumentos presentados por ambas partes y se emita una resolución justa y equitativa, basada en la legislación electoral vigente.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los aspirantes a coordinador de defensa de la Cuarta Transformación de Morena y sus aliados se encuentran en espera de una definición clara sobre la viabilidad de sus giras y actos públicos. La decisión que se tome sentará un precedente importante en el ámbito electoral y determinará el alcance de las actividades proselitistas durante el periodo previo a la contienda electoral de 2024.

En conclusión, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha rechazado el proyecto que proponía frenar las giras y actos públicos de los aspirantes a coordinador de defensa de la Cuarta Transformación de Morena y aliados. Esta decisión ha generado polémica y divide opiniones dentro del INE. Mientras algunos consejeros consideran que las actividades denunciadas son proselitistas y deben ser suspendidas, otros argumentan que el proyecto carece de fundamentos sólidos y prejuzga a los aspirantes antes de un análisis exhaustivo.

La decisión final recae ahora en la Sala Superior del TEPJF, ante una previsible impugnación por parte de Jorge Álvarez Maynez. Esta instancia judicial será la encargada de evaluar los argumentos presentados y tomar la decisión definitiva sobre la viabilidad de las giras y actos públicos de los aspirantes denunciados. El fallo que emitan tendrá repercusiones significativas en el proceso electoral de 2024 y en el panorama político del país.

La controversia generada por este caso pone de manifiesto la importancia de contar con un marco jurídico claro y equitativo en materia electoral. La definición de lo que constituye un acto proselitista y los límites en el ejercicio de la promoción política son temas cruciales para garantizar la transparencia y la equidad en los procesos electorales.

Además, esta situación destaca la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley electoral y de garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones. El INE y el TEPJF desempeñan un papel fundamental en la organización y supervisión de los procesos electorales, y es crucial que su actuación se base en criterios objetivos y en el respeto a los principios democráticos.

A medida que se desarrollen los acontecimientos y se emita la resolución final por parte del TEPJF, será importante seguir de cerca los avances en este caso y analizar su impacto en el ámbito político y electoral. La decisión que se tome sentará precedentes y establecerá criterios para futuros casos similares, por lo que es fundamental que se realice de manera justa, imparcial y en estricto apego a la ley.

En conclusión, la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de desechar el fallo que prohibía las giras y actos públicos de los aspirantes a coordinador de defensa de la Cuarta Transformación de Morena y aliados ha generado una profunda división en el seno del instituto. La controversia ahora pasa a manos del TEPJF, que deberá tomar la decisión final y definir los límites en la promoción política durante el proceso electoral de 2024. Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con instituciones fuertes y criterios claros en materia electoral, y será fundamental seguir su evolución para garantizar la transparencia y la equidad en los comicios.