Ángela Buitrago: Rompiendo Barreras en la Justicia Mexicana
En un hecho histórico y trascendental para el sistema de justicia en México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) logró acceder a información reservada de las Fuerzas Armadas a partir de 2021, un hito que no había sido alcanzado por los investigadores nacionales. La penalista colombiana Ángela Buitrago, quien dedicó ocho años de esfuerzo al GIEI, considera que el aporte de este mecanismo internacional ha marcado una diferencia significativa en el sistema latinoamericano de justicia.
Para Buitrago, la participación del GIEI ha sido clave para sacar a la luz información que las autoridades locales no habían podido obtener. Resalta que las personas externas al país pueden observar aspectos que los nacionales ya no alcanzan a ver debido a que ciertas situaciones se han normalizado. Un ejemplo claro de esto es la prohibición de las fiscalías para acceder a los archivos militares, lo que limita gravemente su capacidad para investigar delitos graves, como la desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
La experta penalista señala que en Colombia, donde ella ha litigado exitosamente casos históricos que involucran al ejército, crimen organizado y paramilitarismo, los fiscales que investigan delitos de lesa humanidad pueden ingresar sin restricciones a los archivos militares, incluyendo documentos de inteligencia. En contraste, en México, esta práctica es impensable debido a la falta de normativa y la resistencia institucional y contextual.
Ángela Buitrago, quien también ha sido propuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro para encabezar la Fiscalía General de su país, destaca la importancia de la intervención de un mecanismo internacional como el GIEI para romper con los pactos de silencio y la impunidad que rodean a casos de violaciones a los derechos humanos. Considera que instancias como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían tomar acciones si el país no lleva a juicio a los responsables de delitos graves.
El GIEI, como medida cautelar del sistema interamericano, tuvo amplias facultades para investigar, coadyuvar, sugerir líneas de investigación y analizar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Esto permitió a los expertos acceder a diversas fuentes de información y trascender las barreras impuestas por las instituciones para obtener pruebas y reconstruir los hechos.
Buitrago destaca la importancia de la interdisciplinariedad y la cohesión dentro del GIEI, así como la aplicación de estándares internacionales en la investigación de delitos graves de derechos humanos. Resalta que es fundamental analizar el contexto para identificar patrones y responsabilidades en casos de desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos. La aplicación adecuada del derecho internacional en estos casos es esencial para evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.
La experta colombiana también destaca su experiencia en casos como la investigación del DAS y la toma e incendio del Palacio de Justicia en Bogotá, donde se requirió ingenio y búsqueda de pruebas en los archivos de las instituciones para esclarecer los hechos y llevar a juicio a los responsables. En ese sentido, Buitrago cree que toda la documentación relacionada con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa debe encontrarse en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se muestra convencida de que aún hay información que no ha sido entregada.
A pesar de las dificultades y resistencias encontradas en México, Buitrago agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador por permitir el acceso a los archivos y a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de Acceso a la Verdad y a Justicia (COVAJ), por su apoyo constante. Sin embargo, señala que aún hay aspectos que no se han entregado, y espera que el presidente al menos demande que se proporcione toda la información disponible.
La penalista destaca que, aunque se han logrado detener a algunos responsables, aún persisten deficiencias en la judicialización, ya que muchos de ellos son procesados por delincuencia organizada en lugar de desaparición forzada. Insiste en que es necesario que los responsables sean juzgados por los delitos que corresponden a la acción de desaparición y que se castigue cualquier forma de judicialización basada en pruebas ilícitas, como la tortura.
En conclusión, el trabajo del GIEI en el caso Ayotzinapa ha representado un importante avance en el acceso a información reservada de las Fuerzas Armadas en México. La intervención de expertos internacionales ha sido fundamental para romper con la impunidad y los pactos de silencio que han rodeado a casos graves de violaciones a los derechos humanos en el país. La aplicación de estándares internacionales en la investigación ha permitido identificar patrones y responsabilidades, buscando llevar a juicio a los responsables de manera justa y adecuada. Sin embargo, aún existen desafíos y resistencias que deben superarse para alcanzar una verdadera justicia y dar respuestas a las víctimas y sus familias. El acceso completo a los archivos militares y la colaboración constante con la comunidad internacional son clave para avanzar hacia una solución a la problemática de la violencia y la seguridad en México.