¡Alerta Roja! Los Bosques de México en Peligro: Deforestación Desenfrenada y Crimen Organizado

En mayo de 2007, ocurrió un trágico suceso que conmocionó a la comunidad defensora de los bosques en México. Aldo Zamora, un valiente campesino tlahuica, fue asesinado en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, mientras su hermano Misael resultó gravemente herido. Este acto de violencia fue perpetrado por un grupo de talamontes, quienes continuaron su accionar ilegal en la impunidad. A pesar de las promesas del entonces presidente Felipe Calderón y las autoridades estatales, la captura y juicio de los responsables quedaron en el olvido durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el actual.

Don Ildefonso, padre de Aldo y Misael, lideró la lucha contra la tala ilegal en las Lagunas de Zempoala desde 1998. Este parque nacional abarca aproximadamente 120 mil hectáreas de una rica biodiversidad y es una importante fuente de agua para varios municipios de los estados de México y Morelos. Además de su valor turístico, estos bosques desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima, la captación de carbono y la generación de humedad. A pesar de la tristeza y el drama familiar que vivió, don Ildefonso nunca dejó de luchar por la protección de estos bosques. Incluso cuando fue detenido injustamente en 2015, pasando nueve meses en prisión debido a un delito fabricado por sus detractores ambientales. En su liberación, Amnistía Internacional y el Centro Prodh desempeñaron un papel crucial, a pesar de las críticas que han recibido recientemente desde el Palacio Nacional.

Uno podría pensar que durante los más de cuatro años de la actual administración, se habría protegido este parque nacional y el importante corredor biológico que forma junto con Chichinautzin y el Tepozteco, que abarcan al menos 30 municipios en los estados de México y Morelos. Sin embargo, la realidad es diferente. La semana pasada, periodistas de La Jornada revelaron cómo el crimen organizado, en complicidad con elementos de la Guardia Nacional, sigue imponiendo su ley en ciertas zonas. Los aserraderos ilegales continúan operando sin obstáculos, incluso algunos están dirigidos por familias de comuneros. Los vecinos no se atreven a denunciarlos por miedo a represalias o perder sus vidas, tal como ha sucedido en otras partes del país en esta administración.

Este caso es un claro ejemplo de la red de apoyo y encubrimiento que los depredadores del bosque y los beneficiarios de la madera tienen en el mundo oficial, e incluso en las propias organizaciones agrarias. En los últimos años, han surgido nuevos depredadores: los “desarrolladores” de fraccionamientos de lujo. Estos empresarios se aprovechan de la corrupción de las autoridades estatales en el estado de México.

El gran bosque acuífero de estas regiones ha estado disminuyendo en tamaño y beneficios durante los últimos 40 años. A pesar de las promesas de las instituciones oficiales de garantizar su preservación y proteger a las comunidades afectadas, no se ha cumplido con lo prometido.

Los reporteros de La Jornada también destacaron la deforestación en el estado de Tlaxcala, una entidad que sufre graves problemas de erosión. En Chihuahua y Durango, los bosques también son víctimas de la imposición de la ley del narcotráfico y los talamontes. Michoacán ha perdido una tercera parte de su cobertura arbórea, lo que ha llevado a una escasez de agua. Incluso la Ciudad de México no se ha salvado de la deforestación, a pesar de las numerosas promesas de su actual gobernante.

Hace apenas ocho días, los comuneros de varios municipios del estado de México llevaron a cabo un bloqueo en la autopista y la carretera libre que conecta la capital del país con Toluca. Durante seis horas, protestaron una vez más por la deforestación del Parque Natural de la Marquesa y áreas adyacentes, que son vitales para la recarga de los acuíferos y la lucha contra el calentamiento global. Sin embargo, este bloqueo no ha sido el único realizado en diferentes partes del país para exigir a las autoridades que eviten más daños a los bosques.

Lamentablemente, todas estas acciones de protesta parecen haber sido en vano, ya que el año pasado se perdieron alrededor de 280 mil hectáreas debido a la tala ilegal. Esta cifra supera en más de tres veces el área beneficiada por el programa Sembrando Vida. Desafortunadamente, no hay suficientes recursos del erario destinados a garantizar el buen estado de los bosques y selvas, ni siquiera en las áreas naturales protegidas. Estamos enfrentando un futuro sombrío, marcado por el aumento de la temperatura, la sequía y la escasez de agua. Como siempre, los más afectados serán los más pobres. En lugar de trabajar para lograr el bienestar nacional, los gobernantes, legisladores y partidos políticos parecen estar más interesados en el tema electoral.

La protección de los bosques y la conservación de nuestro patrimonio natural son fundamentales para asegurar un futuro sostenible. La lucha contra la tala ilegal, la corrupción y el crimen organizado debe ser una prioridad en la agenda de las autoridades. Es necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción, así como fomentar la participación activa de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil en la protección de nuestros bosques. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos preservar estos ecosistemas invaluablemente importantes y garantizar un legado para las generaciones futuras.