Afectados por derrame en el río Sonora exigen diálogo y justicia tras una década de abandono
A casi diez años del derrame de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, las comunidades afectadas reiteraron su llamado a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, para establecer un diálogo directo y transparente que incluya a las víctimas. Los Comités de Cuenca del río Sonora denunciaron la falta de avances en las promesas de remediación y justicia, y cuestionaron los acuerdos opacos entre la Semarnat y Grupo México, responsable del desastre.
Martha Patricia Velarde, representante de los comités, acusó a Bárcena de incumplir su compromiso de reunirse con los afectados. “Desde junio hemos solicitado una entrevista a través de la subsecretaria Marina Robles, pero hasta ahora no hay respuesta. La titular de Semarnat habla de diálogo con Grupo México, pero las víctimas seguimos fuera de esas negociaciones”, expresó Velarde, exigiendo una fecha concreta para las pláticas.
El reclamo se centra en la opacidad de los acuerdos entre la dependencia y la empresa minera. Velarde enfatizó que, por mandato judicial, cualquier plan de reparación debe involucrar a las comunidades. “Exigimos transparencia en los términos de las negociaciones y que se respete nuestro derecho a participar en el diseño y aplicación de los planes de remediación”, agregó.
Los Comités de Cuenca señalaron que, a pesar de las promesas gubernamentales, los avances en la región son nulos. Las plantas potabilizadoras comprometidas no han sido instaladas en su totalidad, y los afectados carecen de atención médica especializada en toxicología, una necesidad crítica tras los daños documentados a la salud por la contaminación del agua.
Entre las demandas urgentes de las comunidades se incluyen:
- Diálogo formal entre las autoridades y los afectados para definir acciones concretas.
- Transparencia absoluta sobre los acuerdos con Grupo México y la presentación pública del plan de remediación.
- Medidas efectivas en infraestructura y atención médica para mitigar las afectaciones.
- Justicia ambiental, que garantice la reparación integral del daño y sanciones para los responsables.
El desastre ocurrido en agosto de 2014, considerado el mayor derrame ambiental en la historia minera de México, impactó a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora. Sin embargo, los afectados denuncian una década de negligencia institucional. “Es inaceptable que las autoridades prioricen el diálogo con la empresa responsable, mientras nosotros seguimos padeciendo los efectos de la contaminación”, enfatizó Velarde.
El clamor de las comunidades del río Sonora resuena como un recordatorio de la deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas. Tras diez años de lucha, la exigencia es clara: que las promesas incumplidas se transformen en acciones concretas para garantizar justicia, salud y un medio ambiente digno.