Advierten sobre riesgos de militarización de la Guardia Nacional
Diversas organizaciones civiles, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación por la reforma a la Guardia Nacional (GN), la cual busca formalizar su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional (AI) advirtieron que esta medida no resolverá los problemas de inseguridad causados por el crimen organizado y, por el contrario, podría derivar en un aumento de las violaciones a los derechos humanos.
En una conferencia de prensa, Eduardo Guerrero, representante del Centro Prodh, alertó sobre los peligros de extender el fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional, lo cual se derivaría de la aprobación de la propuesta presentada por el gobierno federal. Guerrero señaló que “la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ha demostrado, de manera documentada, un incremento en violaciones a los derechos humanos”. Además, destacó que el Ejército es una institución caracterizada por su opacidad y falta de rendición de cuentas, factores que se verían agravados con el debilitamiento del Poder Judicial.
El punto más preocupante, según Guerrero, es la reforma al artículo 13 de la Constitución, la cual permitiría que los miembros de la GN sean juzgados por tribunales militares. “Esto significa que los militares juzgarán a militares”, subrayó, lo que podría generar impunidad ante posibles abusos, ya que el fuero militar se extendería a la GN para juzgar acciones que vulneren la disciplina militar.
Por su parte, Edith Olivares, de Amnistía Internacional, aportó datos contundentes que refuerzan las preocupaciones sobre la intervención militar en tareas de seguridad pública. Según detalló, de los 14 casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto contra México, al menos seis están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, incluyendo casos de tortura, violencia sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Olivares afirmó que estos abusos no son escenarios hipotéticos, sino hechos que ya han ocurrido y que han sido sancionados por instancias internacionales.
AI también mostró inquietud ante la posibilidad de que la GN adquiera facultades de investigación de delitos, algo que la reforma al artículo 21 constitucional podría permitir. Esta modificación, según Olivares, menoscaba la observancia de los derechos humanos, pues otorga a la Guardia Nacional funciones que debieran corresponder a autoridades civiles, lo que podría debilitar la imparcialidad en la investigación de delitos.
Ambas organizaciones coinciden en que cualquier cambio en la Guardia Nacional debe priorizar un enfoque en el mando civil, con una participación gradual y ordenada de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Además, recalcaron que el Estado mexicano tiene el compromiso internacional de retirar progresivamente a los militares de las calles y fortalecer las capacidades de las instituciones policiales civiles.
Finalmente, las agrupaciones alertaron que la reforma podría otorgar a las Fuerzas Armadas “facultades constitucionales inimaginables”, que las convertirían en un poder capaz de ejercer tareas de seguridad pública, investigación de delitos, control fronterizo y vigilancia, entre otras, bajo un manto de secrecía y opacidad, lo que podría acarrear graves consecuencias para la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
Con estas advertencias, las organizaciones civiles buscan poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer las instituciones civiles de seguridad, en lugar de militarizarlas, a fin de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en el país.