Aduanas, no reformas: la estrategia justa para una recaudación sin castigar al pueblo

Como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia económica del país, cada vez que los sectores conservadores perciben que su margen de privilegios se reduce, sacan de la chistera el viejo truco de la “urgente reforma fiscal”. Esa cantaleta, revestida de tecnocracia y falsas buenas intenciones, tiene un solo objetivo: transferir el peso de la recaudación a los que menos tienen, a los contribuyentes cautivos que no pueden evadir ni un peso porque no tienen el ejército de contadores, fiscalistas, abogados y jueces corruptos que sí tiene la élite empresarial.

En los días que corren, esta narrativa ha resurgido con fuerza como parte del arsenal mediático de la oposición y sus aliados. La diferencia es que ahora se topan con una administración que no juega bajo las reglas del viejo régimen. El gobierno de la Cuarta Transformación ha dejado claro que, “por el momento”, no se contempla una reforma fiscal de gran calado. Y tiene razón: no es necesaria cuando se ha demostrado que con voluntad política se puede recuperar lo que históricamente el Estado dejó de percibir por los privilegios fiscales de unos cuantos.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los ingresos tributarios totales crecieron cerca de un 50%. ¿Magia? No. Se acabaron las condonaciones fiscales millonarias, se combatió frontalmente la evasión y se fortalecieron las capacidades del SAT. Mientras tanto, los mismos que antes se beneficiaban del saqueo lloran por una supuesta “inseguridad jurídica” o una “persecución fiscal”, cuando lo único que ha cambiado es que ahora, por fin, tienen que pagar lo que deben.

La narrativa de la “reforma fiscal urgente” pierde fuerza frente a los datos duros presentados por la CEPAL en su informe “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025”. En él se revela que los impuestos al consumo representan la mitad de los ingresos tributarios en nuestra región, comparado con menos de un tercio en los países de la OCDE. El IVA, impuesto que afecta a todos por igual, es la principal fuente de recaudación en América Latina. Mientras tanto, los impuestos sobre la renta y las ganancias –que deberían gravar más a quienes más tienen– siguen siendo marginales en comparación con los estándares de las economías desarrolladas.

Y México no es la excepción. Nuestro país se ubica en el lugar 13 de 27 en términos de ingresos tributarios como proporción del PIB, con apenas un 17.7%. La media en la OCDE es de 33.9%. Esto significa que seguimos recaudando menos que lo necesario para financiar un Estado de bienestar robusto, no por falta de mecanismos, sino porque los que más tienen siguen encontrando la forma de pagar menos.

Frente a este panorama, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, propone una salida tan audaz como sensata: hacer de las aduanas el eje de la nueva recaudación sin tocar el bolsillo del pueblo. Según Amador Zamora, el comercio exterior representa alrededor del 73% del PIB mexicano, pero las aduanas apenas aportan el 25% de los ingresos públicos. Hay, por lo tanto, un margen enorme para aumentar la recaudación en estos recintos sin tener que recurrir a una nueva reforma fiscal.

Este enfoque tiene sentido. Desde el inicio del sexenio se han implementado acciones contundentes para cerrar las vías de evasión fiscal en las importaciones. La eliminación del régimen de minimis –las exenciones fiscales a importaciones menores a 50 dólares, que muchas plataformas internacionales usaban para esquivar impuestos– ya ha generado ingresos adicionales por 9 mil millones de pesos tan solo este año. ¿Qué empresa nacional puede competir en igualdad de condiciones con esas prácticas abusivas?

Aquí no se trata solo de recaudar más. Se trata de justicia fiscal. De poner orden en el comercio internacional y evitar que las grandes corporaciones se beneficien de lagunas legales mientras los pequeños negocios cumplen con sus obligaciones a rajatabla. No es casualidad que esta medida haya sido resistida con uñas y dientes por los lobbies de intereses trasnacionales y sus representantes políticos en el país: los mismos que hoy claman por una “reforma integral”.

También es importante poner en perspectiva regional este debate. La CEPAL señala que la recaudación como porcentaje del PIB cayó en más de la mitad de los países de América Latina entre 2022 y 2023. Chile y Perú, con caídas de 3.2 y 2.1 puntos porcentuales respectivamente, fueron ejemplos claros de cómo la dependencia de los precios de las materias primas puede afectar los ingresos fiscales. A diferencia de ellos, México ha apostado por un modelo más diversificado, más resiliente y con una política fiscal más firme y soberana.

Además, no se puede perder de vista que el principal obstáculo para una verdadera justicia fiscal sigue siendo el mismo: un Poder Judicial que protege a los poderosos. Es gracias a jueces corruptos que muchos grandes contribuyentes logran evadir impuestos sin consecuencias. Lo que no se dice en los medios de la oligarquía es que una reforma fiscal sin una limpia profunda del sistema judicial es letra muerta. ¿De qué sirve legislar impuestos progresivos si los de arriba los evaden impunemente con amparos exprés y resoluciones a modo?

Por eso, la Cuarta Transformación ha hecho bien en priorizar acciones administrativas sobre cambios legislativos. Primero se cierra la llave de las filtraciones y se combate la evasión desde la raíz. Luego, si las condiciones lo permiten, se podrá discutir una reforma fiscal estructural con criterios de progresividad real y no con recetas impuestas por el FMI o las consultoras que responden a los intereses de siempre.

En conclusión, México no necesita una reforma fiscal que, como en el pasado, termine siendo una excusa para seguir exprimiendo al pueblo. Lo que necesita es continuar en la ruta que ha trazado este gobierno: recuperar lo que le pertenece al Estado, combatir los privilegios fiscales de las élites y fortalecer las instituciones que garantizan una recaudación justa. Las aduanas, bien gestionadas, pueden ser la puerta de entrada a una nueva era de justicia fiscal sin que los de abajo tengan que pagar los platos rotos de siempre. Y esa es, precisamente, la esencia de la transformación.