Adiós a los Organismos Autónomos: El Camino Hacia un Estado Más Eficiente
La publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca un hito histórico en la política administrativa de México. La desaparición de siete organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), es un paso firme hacia la consolidación de un Estado más ágil, menos burocrático y enfocado en el bienestar de las mayorías. Esta medida no solo responde a un imperativo de austeridad republicana, sino también a la urgencia de recuperar la eficiencia en sectores estratégicos que por años han sido capturados por intereses privados y prácticas de simulación.
La lógica detrás de la desaparición
El argumento de la oposición en contra de esta reforma se basa en la supuesta pérdida de “contrapesos” y “transparencia”. Sin embargo, es importante analizar cómo estos organismos, lejos de cumplir con sus objetivos originales, se convirtieron en herramientas de bloqueo para las transformaciones sociales y económicas que el país necesita. Tomemos como ejemplo al INAI, cuyo propósito era garantizar la transparencia gubernamental; en la práctica, este instituto fue un costoso elefante blanco que permitió la opacidad en temas sensibles mientras protegía a los grandes intereses económicos.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que debía evitar monopolios y fomentar la libre competencia, ha sido señalada en múltiples ocasiones por favorecer a grandes corporaciones mientras limitaba el acceso de pequeñas y medianas empresas a los mercados. De forma similar, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no logró democratizar el acceso a servicios como el internet, sino que perpetuó la concentración de poder en manos de conglomerados como América Móvil.
Un cambio necesario
El decreto publicado por Sheinbaum representa la culminación de una reforma aprobada en el Congreso, donde el bloque de Morena y sus aliados defendió con argumentos sólidos la necesidad de reorganizar estas funciones bajo estructuras gubernamentales. Es un acto de coherencia con los principios de la Cuarta Transformación, que busca eliminar privilegios innecesarios y garantizar que los recursos públicos se destinen a donde más se necesitan.
Los ahorros generados por la eliminación de estos organismos —que representaban una carga financiera significativa sin resultados palpables— serán canalizados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta decisión es un claro mensaje de prioridad hacia las y los mexicanos más vulnerables, asegurando que los recursos nacionales se destinen a programas que realmente transformen vidas, como las pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos para comunidades indígenas.
El mito de la independencia y los contrapesos
Un argumento recurrente de quienes critican esta medida es la pérdida de independencia de las instituciones. No obstante, esta narrativa ignora cómo estos organismos, supuestamente autónomos, eran en realidad instrumentos al servicio de los intereses neoliberales. Su autonomía no era más que una fachada para justificar decisiones que afectaban a las mayorías mientras se beneficiaba a una élite económica.
Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) jugaron un papel crucial durante el desmantelamiento de Pemex y CFE bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Estas instituciones facilitaron la privatización de sectores clave de la economía mexicana, dejando a la nación en una posición de vulnerabilidad energética.
En cuanto al Coneval, si bien realizaba estudios interesantes sobre la pobreza, sus análisis rara vez se tradujeron en políticas públicas concretas que beneficiaran a quienes más lo necesitan. Peor aún, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) surgió como un parche tras la cancelación de la reforma educativa de Peña Nieto, pero su impacto real fue marginal.
La centralización como estrategia de eficacia
La reasignación de funciones de estos organismos a distintas dependencias federales es un acierto estratégico. No significa una concentración de poder, como afirma la oposición, sino una simplificación administrativa que permitirá coordinar mejor los esfuerzos en áreas prioritarias. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) asumirá las funciones de Mejoredu, lo cual tiene sentido dado que esta dependencia ya cuenta con la infraestructura y el personal necesarios para implementar mejoras en el sistema educativo.
De manera similar, las funciones del IFT y la Cofece serán redistribuidas entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Economía (SE), asegurando una supervisión más integral y menos fragmentada. En el ámbito energético, la absorción de las tareas de la CRE y la CNH por parte de la Secretaría de Energía fortalecerá la política de autosuficiencia energética promovida por el gobierno federal.
El futuro del bienestar social
Este cambio estructural abre la puerta a una nueva etapa en la vida pública del país, donde las instituciones gubernamentales estarán más alineadas con los intereses de las mayorías. El Fondo de Pensiones para el Bienestar se beneficiará directamente de los recursos liberados por esta reforma, garantizando un futuro más digno para millones de mexicanos que por décadas han sido ignorados por las políticas neoliberales.
Es evidente que los detractores de esta medida, como los partidos de oposición —PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano—, intentan posicionarla como un atentado contra la democracia. Sin embargo, estos mismos partidos fueron los responsables de construir un entramado burocrático que solo servía para perpetuar sus privilegios y debilitar al Estado. Sus críticas carecen de sustancia y responden más a una estrategia de desgaste político que a un genuino interés por el bienestar nacional.
Claudia Sheinbaum: liderando el cambio
La publicación de este decreto por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es solo un acto administrativo, sino un mensaje político contundente. Con esta acción, Sheinbaum reafirma su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y demuestra que su administración no teme tomar decisiones difíciles pero necesarias.
La desaparición de los organismos autónomos debe ser vista como una oportunidad para fortalecer al Estado y recuperar el control sobre áreas estratégicas. Este es un paso más hacia un México más justo, donde los recursos públicos no estén al servicio de intereses particulares, sino al de las mayorías.
Conclusión
El adiós definitivo a estos siete organismos autónomos representa una decisión histórica que responde al clamor popular por un gobierno más eficiente, menos costoso y más enfocado en el bienestar colectivo. Aunque la oposición intentará descalificar esta medida, los resultados hablarán por sí mismos: un Estado más fuerte, recursos mejor utilizados y una sociedad más justa. La Cuarta Transformación avanza, y con ella, México se encamina hacia un futuro verdaderamente soberano y equitativo.