¡Abarca Velázquez: Amparo Polémico sacude el Sistema de Justicia!
En un fallo controvertido, un juez federal en el estado de México otorgó un amparo al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, generando polémica en torno a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta por delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. La decisión no implica la libertad inmediata de Abarca Velázquez, quien ya cumple una sentencia de 92 años de prisión por el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, incluido su dirigente, Arturo Hernández Cardona.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene la opción de apelar este fallo, lo que llevaría el caso ante un tribunal colegiado para que determine si confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia. Es importante destacar que las autoridades del Poder Judicial federal consideran que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reunió pruebas sólidas para procesar a Abarca por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tal como consta en la causa penal 103/2014.
José Luis Abarca promovió el juicio de amparo el pasado 29 de mayo tras la negativa de cambiar su medida cautelar. Su argumento se basó en que la prisión preventiva oficiosa se ha extendido injustificadamente más allá de los dos años establecidos como límite en el artículo 20 de la Constitución federal. La secretaria encargada del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, Sara Mercedes Neira González, ha fijado un plazo de 10 días para que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca deje sin efecto la resolución del 12 de mayo pasado, donde se le negó la sustitución de la prisión preventiva por su libertad.
Neira González fundamentó su decisión en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2022 y enero de 2023, en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez, respectivamente. Estos fallos señalaron condenas al Estado mexicano relacionadas con la figura de la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa. Según la jueza, dichas sentencias y sus parámetros interpretativos del artículo 19 de la Constitución Federal deberían haber sido suficientes para concluir en la audiencia de mayo de 2023 que las circunstancias que llevaron a imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso habían cambiado.
Con base en estas consideraciones, Neira González ordenó al juez encargado del caso que, dentro de los plazos legales aplicables, cite a las partes procesales a una nueva audiencia, en la que permita la exposición de argumentos de debate entre las partes y valore las pruebas ofrecidas oportunamente. Con esto, se espera que se emita una nueva resolución, teniendo en cuenta la existencia de las sentencias mencionadas en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez.
El Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la República, ha manifestado su compromiso con el Estado de Derecho y el respeto a las garantías individuales de todas las personas. Se ha señalado que si bien se respeta el derecho de cualquier ciudadano a buscar la justicia a través del amparo, es fundamental que los procesos legales se lleven a cabo de manera imparcial y con base en las pruebas presentadas.
El caso de José Luis Abarca Velázquez ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha contra la delincuencia y la impunidad en México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, ocurrida durante su gestión como alcalde de Iguala, generó una profunda conmoción y desató una serie de protestas a nivel nacional e internacional.
La sentencia de 92 años de prisión impuesta a Abarca por el delito de secuestro es un paso importante hacia la justicia para las víctimas y sus familias, y representa un mensaje claro sobre la responsabilidad de las autoridades en garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía.
Sin embargo, el debate sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa ha sido un tema recurrente en el sistema de justicia mexicano. Si bien esta medida ha sido implementada con el propósito de combatir la delincuencia organizada y prevenir la fuga de presuntos criminales, también ha sido objeto de críticas debido a posibles violaciones a los derechos humanos, como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
El Gobierno Federal ha reiterado su compromiso de revisar y mejorar continuamente el sistema de justicia penal, con el fin de garantizar un equilibrio adecuado entre el combate a la delincuencia y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Por otro lado, es importante destacar que la figura del amparo es una herramienta legal legítima que busca proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad o violaciones a la Constitución. El acceso a la justicia y el debido proceso son pilares fundamentales del Estado de Derecho, y el Gobierno Federal ha expresado su disposición a respetar las decisiones de los tribunales y acatar las resoluciones judiciales.
En este contexto, la posibilidad de que la Fiscalía General de la República apele el amparo otorgado a José Luis Abarca Velázquez es un mecanismo previsto en la ley para buscar una revisión y clarificación de la situación jurídica del ex alcalde de Iguala.
El Gobierno Federal también ha señalado que continuará trabajando en fortalecer las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de la sociedad. La lucha contra la delincuencia y la impunidad es un desafío que requiere del esfuerzo conjunto de las autoridades y la ciudadanía, y es una prioridad para la administración actual.
En conclusión, el caso de José Luis Abarca Velázquez es un ejemplo de la complejidad del sistema de justicia en México y de la importancia de respetar los derechos humanos en el proceso penal. La aplicación de la prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de debate y controversia, y este amparo otorgado a Abarca Velázquez representa un llamado a revisar la forma en que se aplica esta medida en el país.