¡Acuerdo de Escazú: México en la Ruta Verde!
El Acuerdo de Escazú, un pacto latinoamericano que busca la protección y promoción de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, ha entrado en vigor en México desde 2021. Sin embargo, para lograr una aplicación efectiva de este acuerdo, se requiere armonizar y modificar 21 leyes y la Constitución, así como mejorar la capacidad institucional, fortalecer la participación ciudadana y garantizar la integridad de los defensores del medio ambiente, según lo señalado por el experto José Francisco Ibarra.
El reporte “Acuerdo de Escazú desde la perspectiva legislativa”, elaborado por Ibarra, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, destaca que actualmente existen disposiciones vinculantes en las legislaciones ambiental y de transparencia de México. Estas disposiciones son fundamentales para la aplicación efectiva del acuerdo, el cual establece estándares y principios clave para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Una de las principales características del Acuerdo de Escazú es la obligatoria participación ciudadana en todas las etapas de la toma de decisiones ambientales. Para garantizar este derecho, es esencial que todas las leyes y políticas relacionadas con el sector cuenten con mecanismos efectivos que lo aseguren. No obstante, el análisis realizado por Ibarra identifica diversos desafíos que obstaculizan la aplicación efectiva de estos derechos en México.
Entre los retos más significativos se encuentra la falta de transparencia en la información ambiental, lo que dificulta la participación informada de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, la exclusión de ciertos grupos en la participación ciudadana y la falta de recursos para garantizar la justicia ambiental son problemas que deben abordarse con urgencia.
Uno de los aspectos fundamentales para el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú en México es la asignación de recursos suficientes. La puesta en marcha de medidas ambientales y la promoción de la participación ciudadana requieren inversiones significativas, lo que incluye la creación y fortalecimiento de instituciones especializadas y la capacitación de personal.
El estudio elaborado por Ibarra también destaca la falta de capacidad institucional para la gestión ambiental, la transparencia y la participación ciudadana. Se requiere modificar prácticas y políticas, e implementar medidas más estrictas de protección ambiental y acceso a la información, lo que podría generar oposición por parte de actores como la industria, empresas o grupos políticos, que podrían percibir que estas medidas limitan su margen de acción o afectan sus intereses económicos.
En otro aspecto crucial, el acuerdo también busca garantizar la seguridad de los defensores ambientales, quienes a menudo enfrentan situaciones de riesgo debido a su labor en la protección del medio ambiente. Para promover una cultura de conocimiento y respeto hacia su trabajo, es necesario implementar medidas que garanticen su integridad física y el reconocimiento de su importante rol en la sociedad.
El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad invaluable para México y la región latinoamericana en su búsqueda por un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Sin embargo, la efectividad de este pacto dependerá en gran medida de la voluntad política y el compromiso de las autoridades y de la sociedad en su conjunto para superar los desafíos mencionados y llevar a cabo las modificaciones legales y los cambios institucionales necesarios.
La protección ecológica y la promoción de una participación ciudadana activa en los asuntos ambientales son fundamentales para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Por lo tanto, la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú es un paso crucial hacia ese objetivo y representa una oportunidad para que México se posicione como un líder en la protección del medio ambiente en la región. Solo mediante la colaboración entre los diversos actores sociales, políticos y económicos se podrá lograr un cambio real y positivo hacia un futuro más verde y sostenible. La responsabilidad está en manos de todos nosotros.