Incrementan acosos y agresiones a activistas en región del Istmo bajo gobierno de Salomón Jara Cruz
Integrantes de una misión civil de observación compuesta por 23 organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, han documentado un alarmante aumento en los acosos y agresiones a activistas y defensores de la tierra y el territorio en la región del Istmo, desde que el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz asumió el poder el 1 de diciembre de 2022. Estas acciones violentas se han incrementado de manera exponencial, especialmente en el contexto del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que es impulsado por el gobierno federal y defendido por la administración del gobernador morenista.
Las organizaciones de la misión civil de observación, entre las que se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Front Line Defenders y Brigadas Internacionales de Paz, recorrieron varias comunidades afectadas por el CIIT. Encontraron evidencia de acoso e intimidación por parte de funcionarios estatales y federales, principalmente en el campamento Tierra y Libertad de Mogoñé Viejo, en el municipio de Santa María Mixtequilla; en Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec, y en Puente Madera, en San Blas Atempa.
La ejecución del CIIT ha llevado a la vulneración de los derechos humanos de los habitantes de estas zonas y de aquellos que defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas, especialmente en lo que respecta al derecho a la información y a la libre determinación. Las consultas sobre las obras en comunidades y tierras ejidales o comunales no han sido adecuadas, e incluso se han detectado irregularidades, como la participación de personas fallecidas en asambleas donde se avaló el proyecto.
La situación es preocupante, ya que este año ha habido un incremento en las agresiones y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante el megaproyecto. Los activistas han enfrentado agresiones físicas, hostigamiento y criminalización por parte de aquellos que lideran la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.
El agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, denunció que con Jara Cruz en el poder, las presiones para que los comuneros de San Blas acepten la instalación de un polo de desarrollo en el Monte del Pitayal han aumentado. Hernández Salazar fue detenido y llevado al penal de Tanivet al inicio de la actual administración estatal, acusado de atacar las vías de comunicación, y señaló que existen órdenes de aprehensión contra otros 11 habitantes de San Blas que se oponen al CIIT. Considera estas acciones como represalias por parte del gobernador y su secretario de Administración, Antonino Morales, quien estuvo involucrado en un fraude durante una asamblea comunitaria.