Fuerzas Armadas, impulsando el desarrollo nacional: ¡Gestión estratégica de proyectos clave bajo su administración!
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aceptado para su estudio las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados de la oposición en contra del decreto que permite que proyectos de interés público y seguridad nacional, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos en construcción en el sureste del país, puedan ser administrados por empresas paraestatales a cargo de las Fuerzas Armadas.
La responsabilidad de analizar estos casos ha recaído en el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha denegado a los legisladores la medida cautelar de suspensión, lo que significa que el decreto impugnado seguirá vigente hasta que se determine su constitucionalidad.
Las acciones de inconstitucionalidad 112/2023 y 116/2023 impugnan específicamente el decreto emitido el pasado 3 de mayo, en el cual se realizaron modificaciones a las leyes de Vías Generales de Comunicación, la Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Federal de Entidades Paraestatales.
Cuestionable autonomía económica
Con estos cambios, el artículo 59 Bis de la última ley mencionada establece: “La persona titular del Ejecutivo Federal puede asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, por causas de utilidad e interés públicos, interés general, interés social o de seguridad nacional, cuando no contravenga su objeto social”.
Los legisladores de la oposición argumentan que esta modificación legal permite otorgar concesiones a las Fuerzas Armadas, lo cual altera “de manera inmediata e irreversible la relación entre los poderes civiles y militares al brindarles una autonomía económica cuestionable”.
En relación a este asunto, Pérez Dayán ha rechazado cualquier medida cautelar solicitada por los diputados y senadores de oposición, ya que explicó que “la suspensión de las normas generales, sus efectos y/o consecuencias, o el contenido de las disposiciones legales impugnadas en una acción de inconstitucionalidad, no se encuentra contemplada en la ley reglamentaria”.
Es importante destacar que el análisis de estos recursos en la SCJN tiene gran relevancia, ya que se trata de proyectos de alto impacto y trascendencia para el país. El Tren Maya, por ejemplo, es un proyecto de transporte turístico y de carga que busca impulsar el desarrollo económico en la región sureste de México. Por su parte, el Corredor Interoceánico es una iniciativa que busca establecer una conexión ferroviaria y portuaria entre los océanos Pacífico y Atlántico, con el objetivo de fomentar el comercio y la inversión. Los aeropuertos en construcción en el sureste del país también forman parte de la estrategia del gobierno para mejorar la conectividad aérea y estimular el turismo en la región.
El hecho de que estos proyectos queden bajo la administración de empresas paraestatales a cargo de las Fuerzas Armadas ha generado un intenso debate en el ámbito político y legal. Los legisladores de oposición argumentan que esta medida otorga un poder excesivo a las Fuerzas Armadas, socavando la separación de poderes y generando una autonomía económica indebida.
La decisión del ministro Pérez Dayán de no conceder la medida cautelar solicitada por los legisladores de oposición ha generado descontento y preocupación en aquellos que consideran que esta cesión de paraestatales a las Fuerzas Armadas podría tener implicaciones negativas en el sistema político y democrático del país.
La discusión sobre la constitucionalidad de este decreto y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la SCJN ponen en evidencia la importancia de la independencia y el equilibrio de poderes en un Estado de derecho. Es fundamental que las decisiones de este tipo sean sometidas a un escrutinio riguroso y que se garanticen los principios y valores constitucionales.
Además, es necesario considerar el contexto en el que se enmarcan estos proyectos de infraestructura. El Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos en construcción son iniciativas de gran envergadura que buscan impulsar el desarrollo económico y social de la región sureste de México. Sin embargo, su implementación debe llevarse a cabo de manera transparente, respetando los principios democráticos y protegiendo los derechos de las comunidades locales y los recursos naturales.
La participación de las Fuerzas Armadas en proyectos de esta magnitud plantea interrogantes en cuanto a su papel y alcance. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental en la seguridad nacional, es importante delimitar claramente sus funciones y evitar que se extiendan más allá de su ámbito de competencia.
La decisión final de la SCJN respecto a la constitucionalidad de este decreto tendrá repercusiones significativas en el futuro del país. Será crucial determinar si se respeta el principio de separación de poderes y si se garantiza la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de estos proyectos estratégicos.
En conclusión, la admisión a trámite de las acciones de inconstitucionalidad contra la cesión de paraestatales a la Sedena pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial y el respeto a la Constitución. La decisión de la SCJN en este caso será determinante para el futuro de proyectos clave como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos en construcción. Es fundamental que se realice un análisis exhaustivo y se garantice el respeto a los principios democráticos y los derechos de la ciudadanía. El equilibrio entre los poderes civiles y militares es crucial para el buen funcionamiento del Estado de derecho en México.