Retiran maquinaria agrícola de campesinos trigueros en Mexicali

En una operación llevada a cabo por las autoridades estatales, se retiró la maquinaria agrícola que un grupo de productores de trigo mantenía frente al Centro Cívico de Mexicali como medida de protesta. Los labriegos demandaban al gobierno federal establecer un precio de garantía de 8 mil pesos por tonelada del cereal, una exigencia que ha sido objeto de controversia y tensiones durante las últimas semanas.

El inicio de esta intervención fue precedido por una supuesta amenaza de bomba en el edificio del ayuntamiento, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas de seguridad y realizar los arrestos de dos manifestantes. Varios tractores fueron asegurados en el proceso, aunque posteriormente fueron devueltos a sus propietarios.

La acción de las autoridades ha generado una amplia respuesta de distintas organizaciones civiles, entre las cuales destaca la participación del Comité 68. Estas entidades han calificado el retiro de la maquinaria como un acto de represión contra los campesinos, alegando que no se están atendiendo sus demandas respecto a la cartera vencida y a un incremento en la compensación ofrecida por el gobierno por tonelada de trigo.

Asimismo, las organizaciones han exigido la liberación inmediata de los manifestantes detenidos y han lanzado críticas al monopolio del mercado del trigo en el país, que es controlado por empresas extranjeras y nacionales que aplican los precios establecidos por la Bolsa de Chicago en México.

La operación de retiro de la maquinaria agrícola tuvo lugar el pasado lunes por la tarde. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana utilizaron grúas para remolcar alrededor de 15 vehículos y maquinaria que obstruían el tránsito vehicular en la calzada Independencia y Paseo de los Héroes desde el 19 de abril, fecha en que los campesinos iniciaron su protesta.

Durante el proceso de retirada, algunos trigueros abrieron la válvula de un tanque de amoniaco en un intento por impedir que se llevaran sus unidades. Lamentablemente, esta acción tuvo consecuencias negativas para la salud de 13 policías y dos reporteros, según informó el secretario estatal de gobierno, Catalino Zavala.

Ante estos sucesos, el funcionario expresó su preocupación y consideró que las acciones violentas emprendidas representaron un riesgo para la integridad física de los manifestantes y de los ciudadanos en general. En respuesta, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fueron desplegados para resguardar la zona y mantener el orden público. La situación continúa siendo objeto de atención y debate tanto a nivel local como nacional.