¡Escándalo Judicial! Jueces protegen a huachicoleros en casos de robo de combustible

En el marco del informe de seguridad que se presenta cada dos semanas durante la conferencia matutina presidencial, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, reveló tres casos más de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. En esta ocasión, el funcionario expuso a jueces que decidieron no procesar a personas relacionadas con el robo de combustible, conocido como huachicol.

El subsecretario hizo referencia a un incidente de toma clandestina descubierto en una propiedad de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Las autoridades aseguraron el lugar y encontraron un centro de almacenamiento de combustible robado.

Los hechos fueron presentados ante el juez Arturo Medel Casquería, quien en enero de este año decidió no ejercer acción penal contra el dueño del inmueble, argumentando que no se demostró si la toma clandestina se encontraba en el número 100 o en el 100 bis, a pesar de tratarse del mismo predio.

Esta decisión anuló todas las acciones legales realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y liberó la propiedad. El propietario mismo declaró que el número correcto de la vivienda era 100, pero que él mismo cambió el número a 100 bis para su identificación.

Rodríguez Bucio destacó que el juez “no consideró la determinación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a pesar de que existía un alto riesgo de explosión”.

En mayo de este año, la propiedad ubicada en la calle Lago Garda fue nuevamente asegurada debido a la detección de olor a hidrocarburo en una zona cercana, donde se encontró otra toma clandestina con una derivación que conducía al número 100 o 100 bis. Como resultado, se abrió una nueva investigación.

El segundo caso tuvo lugar en Hidalgo e involucra a Ernesto “N”, alias Tinajero, acusado de robo de combustible. Entre 2020 y 2023, Pemex identificó 615 tomas clandestinas entre los kilómetros 188 y 192 de la carretera Tuxpan-Tula, donde se encuentra la Ex Hacienda de San Juan Hueyapan, propiedad del acusado.

Se iniciaron 20 investigaciones y se presentaron denuncias de Pemex contra Tinajero, además de inhabilitar la toma clandestina en la ex hacienda. Sin embargo, la jueza Gabriela Capetillo Piña “no consideró válida esta forma de detección de la toma” utilizando un binomio canino.

Además, el 10 de enero de este año, el acusado fue citado a comparecer en una audiencia por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos. Después de las 72 horas del término constitucional, se le dictó prisión preventiva. Sin embargo, el 13 de enero, la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes decidió no vincular a proceso a Tinajero, argumentando que no se presentaron elementos suficientes para comprobar su culpabilidad.

El subsecretario Rodríguez Bucio señaló que esto sucedió a pesar de que el acusado admitió tener conocimiento de las tomas clandestinas en su propiedad, así como del robo de hidrocarburos que se llevaba a cabo en el lugar.

La decisión de la jueza fue apelada por la FGR, pero el Tribunal Colegiado de Apelación del 29 Circuito confirmó la resolución, argumentando que los argumentos presentados por las autoridades eran “infundados” e “inoperantes”.

Por otro lado, el juez Jesús Ania López Islas, del Poder Judicial de Hidalgo, otorgó la suspensión condicional a favor de Tinajero, quien había sido arrestado el 21 de enero por delitos contra la salud. El acusado se encuentra actualmente en libertad bajo ciertas condiciones, como residir en un lugar específico, tener empleo estable, realizar firmas periódicas mensuales, entre otras.

El tercer caso tuvo lugar en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El 30 de diciembre del año pasado, Fernando “N” fue detenido en flagrancia por la Guardia Nacional mientras realizaba excavaciones con una pala sobre el poliducto Salamanca-Guadalajara.

El acusado fue presentado ante el juez de control Édgar Alonso Ambriz Tiara, del Centro de Justicia Penal del estado de Jalisco, por el delito de alteración de ductos. Sin embargo, el juez ordenó su liberación, argumentando que la pala que llevaba el acusado “no era un elemento adecuado para la instalación de una toma clandestina”.

El juez determinó que, aunque el acusado también llevaba un niple utilizado para conectar al ducto y extraer el combustible, no tenía consigo la herramienta adecuada para instalarlo, por lo que no se le podía atribuir la colocación de la toma clandestina en el lugar donde fue detenido, según expuso el subsecretario.

Estos casos presentados por el subsecretario de Seguridad Pública evidencian una vez más la problemática de jueces que toman decisiones que favorecen a presuntos delincuentes relacionados con el robo de combustible. Estas decisiones debilitan los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra el huachicol y generan impunidad en casos de grave repercusión para la seguridad y la economía del país.

El subsecretario Rodríguez Bucio destacó la importancia de que los jueces consideren de manera adecuada las pruebas presentadas por las autoridades y tomen en cuenta los riesgos asociados con el robo de combustible, como los peligros de explosiones y los daños al medio ambiente.

El combate al huachicol es una prioridad para el gobierno mexicano, y se requiere la colaboración de todas las instancias judiciales para garantizar que los responsables de este delito sean procesados y sancionados de acuerdo con la ley.

El presidente de México, en su conferencia matutina, ha expresado su preocupación por estos casos y ha instado a las autoridades correspondientes a investigar a fondo las decisiones de los jueces involucrados y tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad y garantizar la justicia en estos casos. Asimismo, ha reafirmado su compromiso de fortalecer la colaboración entre las instituciones encargadas de combatir el robo de combustible y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

La exhibición de estos tres casos durante la conferencia matutina es un intento por transparentar y evidenciar las irregularidades que se presentan en el sistema judicial en relación con el combate al huachicol. Se busca generar conciencia pública sobre la importancia de contar con jueces imparciales y comprometidos con la aplicación de la ley en este tipo de delitos.

La impunidad en casos de robo de combustible representa un grave problema para la seguridad y la economía del país. El huachicol no solo afecta a Pemex y a la industria petrolera, sino que también tiene consecuencias negativas para la sociedad en general, como el aumento de la violencia, los riesgos ambientales y la pérdida de recursos económicos.

Es fundamental que las autoridades competentes realicen una revisión exhaustiva de los casos expuestos y tomen las medidas necesarias para garantizar que los jueces actúen de manera justa, imparcial y en cumplimiento de la ley. Esto incluye la implementación de mecanismos de control y supervisión que eviten la corrupción y la influencia indebida en el sistema judicial.

La lucha contra el huachicol requiere de un esfuerzo conjunto y coordinado entre las autoridades de seguridad, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Solo a través de una colaboración efectiva y una justicia sólida se podrá combatir de manera contundente este delito y garantizar la tranquilidad y el bienestar de la sociedad.

El presidente de México ha reiterado su compromiso de seguir fortaleciendo las acciones para erradicar el robo de combustible y ha destacado la importancia de la participación ciudadana en esta lucha. Además, se han implementado estrategias para fortalecer la seguridad en los ductos de Pemex y se continúa trabajando en la modernización de la infraestructura y la implementación de tecnologías que permitan detectar de manera más eficiente las tomas clandestinas.

La exhibición de estos casos en la conferencia matutina es un recordatorio de que la lucha contra el huachicol no solo implica el desmantelamiento de bandas delictivas, sino también la erradicación de la corrupción en todos los niveles, incluyendo el sistema judicial. Solo a través de un combate integral y firme se podrá poner fin a esta actividad ilegal que tanto daño causa al país.

En conclusión, la exhibición de estos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes relacionados con el robo de combustible durante la conferencia matutina busca generar conciencia sobre la importancia de contar con una justicia imparcial y comprometida con la aplicación de la ley. Estas revelaciones evidencian la necesidad de revisar y fortalecer el sistema judicial para combatir de manera efectiva el huachicol y garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad.