Campesinos bloquean planta de tratamiento de aguas residuales exigiendo agua para sus cultivos
Un grupo de aproximadamente 300 campesinos llevó a cabo una protesta bloqueando las puertas de acceso a la planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco de Tula. Los manifestantes demandaron el suministro de agua para sus cultivos, los cuales se extienden en una superficie de alrededor de 25,000 hectáreas en los municipios de Tula y Alfajayucan. Además, expresaron su descontento con la gestión de Esuberto Villagómez, encargado de los distritos de riego 003 y 100, a quien acusaron de distribuir agua de manera arbitraria basándose en sus intereses políticos.
Pablo Balleza, presidente del Consejo de Usuarios de Defensa de Agua para Uso Agrícola en la zona, lideró la protesta en representación de los agricultores afectados. Balleza afirmó que funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), especialmente Villagómez, intentan justificar la escasez de agua argumentando la falta de lluvias, lo cual considera una mentira, ya que ellos dependen del agua residual proveniente del valle de México.
El líder campesino señaló la negligencia de Villagómez, ya que el agua residual que llega a Hidalgo a través de canales desde la capital del país y el Estado de México es desviada por plantas tratadoras operadas por empresas privadas, algunas de ellas autorizadas y otras en situación irregular.
Balleza explicó que las presas Endhó, Requena y Taximay tienen una capacidad del 30%, lo cual asegura agua para los distritos de riego 003 y 100 durante un período de 15 días. Por esta razón, solicitó que el agua que llega a la planta potabilizadora sea liberada sin tratamiento, ya que actualmente se eliminan los metales pesados en lugar de la materia orgánica que podría utilizarse como abono.
El líder campesino recordó que a fines del siglo XIX, el presidente Porfirio Díaz otorgó a los indígenas de los valles de Tula y del Mezquital la propiedad del agua proveniente del valle de México. Sin embargo, en los últimos 20 años, la Conagua ha intentado persuadirlos para renunciar a ese derecho.
Balleza reprochó que aquellos ejidos y comunidades que han aceptado la transferencia de derechos a cambio de beneficios económicos y recursos reciben un suministro garantizado de agua, incluso para el cultivo de hortalizas, lo cual está prohibido con agua residual. Por otro lado, aquellos que se han negado a aceptar la transferencia se sienten abandonados sin acceso al agua ni a los recursos necesarios para sus actividades agrícolas.