Confrontación entre gobernador y diputados provoca tensión en Nuevo León
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano (MC), se ha enfrentado a los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), quienes conforman la mayoría en el Congreso estatal. Esta confrontación se originó debido a las acusaciones de 28 alcaldes de ambos partidos, quienes afirmaron que la administración estatal no les había entregado la totalidad de un fondo de 2,500 millones de pesos que les correspondía. Además, surgió controversia por la intención de ambas bancadas de designar al priista Adrián de la Garza Santos como fiscal del estado, algo a lo que el gobernador se opone.
La renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez el 5 de octubre de 2022 marcó el inicio de estos conflictos. Inmediatamente, Pedro José Arce Jardón asumió como encargado de despacho, quien anteriormente se desempeñaba como vicefiscal jurídico. El 13 de octubre, el Congreso local aprobó la convocatoria pública para el nombramiento del nuevo fiscal y, el 8 de noviembre, sin el respaldo de la bancada de MC, avaló la terna de aspirantes.
Entre los candidatos se encontraban Pedro Arce, el encargado actual; Guadalupe Saldaña, exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones; Genaro García de la Garza, exsecretario del ayuntamiento de Monterrey, y Adrián de la Garza Santos, exprocurador de Justicia, exalcalde de la capital estatal y candidato del PRI a la gubernatura en 2021, quien fue derrotado por Samuel García.
Aunque el gobernador se encontraba en Egipto participando en una cumbre sobre cambio climático, decidió enviar un oficio al Legislativo para ejercer su derecho constitucional de veto y frenar la inclusión de De la Garza en el proceso de selección. García argumentó que la fiscalía no debería ser una cuota política, ya que su función es garantizar la seguridad y la justicia de Nuevo León, por lo que el titular debe tener un perfil independiente y preparado.
Esta acción provocó la respuesta de la diputada federal del PRI, Marcela Guerra, quien anunció que se promovería un juicio político contra García por violar la Constitución y negar la liberación de recursos a los municipios.
Más de dos meses después, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León acordó iniciar un juicio político contra el gobernador por no presentar a tiempo el presupuesto de egresos de 2023 y por incumplir con la publicación de decretos avalados por el Legislativo. Sin embargo, García obtuvo un amparo de un juzgado federal en Tamaulipas.
El conflicto más reciente ocurrió el miércoles pasado, cuando Samuel García alertó en redes sociales sobre un intento de irrupción de agentes ministeriales armados en la Torre Administrativa, donde se encuentran las oficinas de la mayoría de las secretarías estatales.