La ‘casta dorada’: privilegios y desigualdades en la UNAM

En una reciente entrevista, Luis Álvarez Icaza Longoria, secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no dudó en presumir su pertenencia a la denominada ‘casta dorada’, ese selecto grupo de altos funcionarios que gozan de salarios mensuales que oscilan entre los 90 mil y 183 mil pesos. Con un desparpajo que sorprende, Álvarez Icaza Longoria afirmó que, después de 40 años de servicio en la UNAM, el sueldo que recibe como funcionario es solo una fracción menor de sus ingresos totales. Ante las críticas, defendió el calificativo de ‘casta dorada’, asegurando que era inevitable tener un nombre para designar a este grupo privilegiado.

En el mencionado artículo, el funcionario de la UNAM rechazó de manera tajante la idea de que los 28 mil profesores de asignatura sufran precariedad salarial, argumentando que cuentan con seguridad social y han sido los más beneficiados en términos de incrementos salariales en la última década, superando en un 30% a 40% la tasa de inflación.

Sin embargo, un reportaje del portal Contralínea revela que Luis Álvarez Icaza Longoria, hermano del senador Emilio Álvarez Icaza, percibe un salario mensual de 179 mil 598 pesos. Curiosamente, el mismo funcionario sostiene que los profesores de asignatura ganan más que los profesores asociados C si se compara su trabajo por hora. Según él, realizó una comparación considerando la misma antigüedad, concluyendo que el salario por hora de los profesores de asignatura era mayor que el de los investigadores o profesores de tiempo completo, a pesar de la notable diferencia en el nivel de calificación académica.

Es innegable que existen desigualdades salariales en la plantilla docente de la UNAM, pero Álvarez Icaza argumenta que esto se debe a las diferencias académicas entre los profesores. Según su razonamiento, no se puede comparar a un profesor recién graduado con un investigador titular C, quien ha dedicado entre 20 y 25 años a construir un prestigio académico y ha contribuido ampliamente en su área de especialización. Si bien esto podría tener algo de validez, resulta cuestionable que la brecha salarial sea tan amplia entre diferentes categorías dentro de una misma institución educativa.

El propio Álvarez Icaza se puso como ejemplo para justificar su salario, argumentando que su remuneración más alta se debe a sus responsabilidades administrativas, a pesar de continuar impartiendo clases y realizando actividades académicas. Alegó que su productividad le permite beneficiarse de un programa de primas al desempeño académico que puede representar hasta el 100% de su salario. En su opinión, mantener un alto nivel de productividad mientras se ocupa un cargo de responsabilidad administrativa y se realiza una carrera académica no es fácil, por lo que considera justo ganar un poco más por ello.

En otro tema, Álvarez Icaza también se pronunció sobre el proceso de sucesión en la rectoría de la UNAM, ya que se avecina la salida de Enrique Graue y en cinco meses dará inicio el proceso de selección de su sucesor. Desde la Cámara de Diputados, el legislador de Morena, Armando Contreras Castillo, propuso que la comunidad universitaria elija al próximo rector mediante una votación directa.

Sin embargo, Luis Álvarez Icaza se opone rotundamente a esta iniciativa, argumentando que el cargo de rector debe ser alcanzado por méritos académicos. Aunque reconoce que es válido discutir y reflexionar sobre cómo se llevará a cabo el proceso de selección, resalta la importancia de la meritocracia en la Universidad. Según su opinión, la UNAM es un espacio de participación abierta, pero también es sensible a considerar los méritos de los candidatos.

Álvarez Icaza sostiene que cuando se piensa en un rector, se espera a alguien con destacados logros académicos, no a una persona común y corriente. Argumenta que la historia ha demostrado que encontrar un perfil adecuado para ese cargo no es tarea fácil, por lo que convertir la designación en un simple proceso de votación resultaría complicado.

Si bien es cierto que se debe valorar la trayectoria y los méritos académicos de los candidatos a rector, no se puede descartar la importancia de la participación democrática en la elección de las autoridades universitarias. La comunidad universitaria, conformada por profesores, investigadores, estudiantes y personal administrativo, constituye la base de la UNAM y su voz debe ser tomada en cuenta en decisiones tan trascendentales como la elección del rector.

La propuesta de una votación directa permite una mayor transparencia y legitimidad en el proceso de selección, además de promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad universitaria. Esto no significa que se deba descuidar la calidad y el nivel académico requerido para ocupar el cargo de rector, pero sí implica abrir espacios de diálogo y debate en los que se evalúen no solo los méritos individuales, sino también la visión y el proyecto de cada candidato para la UNAM.

Es importante recordar que la UNAM es una institución pública, financiada con recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos. Por tanto, debe rendir cuentas a la sociedad y garantizar la transparencia en sus procesos de toma de decisiones. La elección directa del rector permitiría fortalecer la confianza y la legitimidad de la institución, así como fomentar una mayor participación y compromiso por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria.

La meritocracia académica no debe ser excluyente de la participación democrática. Ambos elementos pueden y deben coexistir en un proceso de selección justo y transparente. Es responsabilidad de la UNAM, como máxima casa de estudios del país, promover la equidad, la pluralidad y la inclusión en todas sus acciones, incluyendo la elección de su rector.

En conclusión, la ‘casta dorada’ de la UNAM, encabezada por funcionarios como Luis Álvarez Icaza Longoria, puede presumir de altos salarios y reconocimientos académicos, pero también debe ser consciente de la necesidad de promover la equidad y la transparencia en la institución. Si bien es cierto que existen diferencias en los salarios y las responsabilidades dentro de la universidad, es fundamental asegurarse de que estas disparidades estén justificadas y se basen en criterios objetivos.

La UNAM tiene el deber de garantizar que los salarios sean acordes con la labor desempeñada y que se promueva un ambiente de trabajo justo y equitativo para todos los profesores y personal administrativo. Esto implica evaluar constantemente las políticas salariales y realizar ajustes en caso necesario, con el objetivo de reducir las brechas y promover la igualdad de oportunidades.

En cuanto al proceso de selección del próximo rector, es fundamental considerar la participación de la comunidad universitaria. La UNAM es un espacio de debate, reflexión y pluralidad, donde se deben escuchar las voces de todos los miembros que la conforman. La elección directa permitiría una mayor representatividad y legitimidad en la designación de las autoridades, fortaleciendo así la confianza y la cohesión dentro de la institución.

No se trata de menospreciar los méritos académicos ni la trayectoria de los candidatos, sino de reconocer que la toma de decisiones en una institución pública debe ser inclusiva y transparente. La meritocracia debe ir de la mano de la participación democrática, para asegurar que las autoridades elegidas cuenten con el respaldo y la confianza de la comunidad universitaria.

En última instancia, es responsabilidad de la UNAM trabajar en la construcción de una institución más justa, equitativa y transparente. Esto implica revisar las políticas salariales, evaluar los procesos de selección y promover una mayor participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. Solo así podremos fortalecer la calidad académica y el prestigio de la UNAM, garantizando que sea una institución que represente los valores y principios de una sociedad democrática y plural.