Detenciones de migrantes extranjeros se quintuplican en México
La política de persecución implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ha llevado a un aumento significativo en la detención de migrantes extranjeros en territorio mexicano en los últimos diez años. Según expertos del Colegio de la Frontera Norte, esta tendencia no ha cambiado en la práctica debido a la presión ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno mexicano.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, las detenciones de indocumentados han experimentado un aumento considerable en la última década. El gobierno de México ha aceptado recibir a migrantes en retorno para que esperen en el país una posible audiencia para asilo en Estados Unidos, pero bajo la política de reclusión de aquellos que no cuentan con los documentos necesarios para iniciar los trámites desde México.
Un análisis del registro histórico de detenciones migratorias del gobierno mexicano revela que hace diez años, la cifra no superaba las 90,000 personas en las estancias del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, en 2022 se produjo un aumento del 411%, alcanzando un total de 450,000 migrantes bajo custodia.
Alberto Hernández Hernández, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), explicó que este crecimiento se debe a la llegada de nuevos flujos migratorios procedentes de Cuba, Haití y las caravanas de centroamericanos. Esto ha generado una mayor concentración de extranjeros en situación irregular en México.
Hernández Hernández, especialista en políticas migratorias y movilidad humana, señaló que México ha mantenido una política de contención en la última década, sin promover una política de apertura o trámite migratorio. Esto ha resultado en detenciones, aunque en ocasiones no ha sido tan efectivo, ya que las caravanas han superado el control y han llevado a un endurecimiento de las medidas con el objetivo de retornar a los migrantes a sus países de origen.
En 2014, el número de detenidos se elevó a casi 130,000 migrantes, la mayoría de los cuales terminaron siendo deportados a sus países de origen, según estimaciones de Rafael Alonso Hernández López, académico del Colegio de la Frontera Norte.
Hernández López considera que el incremento en las detenciones se produjo a partir de 2014, cuando se implementó el Programa Integral para la Frontera Sur en respuesta a la crisis de la niñez migrante. En ese verano, Estados Unidos detuvo a más de 60,000 niñas, niños y adolescentes, lo que generó presión sobre el gobierno mexicano. Como respuesta, el entonces presidente Peña Nieto lanzó el programa con la intención de “proteger a los extranjeros en tránsito hacia Estados Unidos y evitar abusos” en territorio nacional. Sin embargo, esto se tradujo en persecución y cacería de migrantes, según el catedrático.
A pesar de ciertos descensos en la cifra de detenciones en los centros de estancia del INM en 2017, debido posiblemente a los costos asociados con la férrea contención migratoria, como movilizar a policías, mantener las estaciones y pagar las deportaciones, el número de detenciones volvió a aumentar en 2018 con la aparición de las caravanas de centroamericanos. En 2019, la llegada masiva de migrantes se mantuvo constante.
Los expertos advierten que esta situación refleja un panorama preocupante en materia migratoria en México. Si bien el gobierno ha implementado políticas de contención y reclusión, la falta de una política integral que promueva la apertura y los trámites migratorios adecuados ha llevado a un aumento en la detención de migrantes extranjeros.
Ante este escenario, es fundamental que las autoridades mexicanas aborden de manera efectiva el fenómeno migratorio, buscando soluciones más humanitarias y respetuosas de los derechos de los migrantes. Es necesario implementar políticas que no solo brinden protección a los extranjeros en tránsito, sino que también ofrezcan oportunidades para una migración ordenada y segura.
Además, es imprescindible que México fortalezca su cooperación con otros países de la región y con Estados Unidos para abordar de manera conjunta los desafíos migratorios. Esto incluye la promoción de acuerdos bilaterales y regionales que faciliten la movilidad segura y regular de las personas, así como el combate a las redes de tráfico y trata de personas.
Asimismo, es fundamental que se destinen recursos adecuados para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo el acceso a la asesoría legal y a las instituciones encargadas de la atención y el cuidado de los migrantes.
En conclusión, el aumento significativo en la detención de migrantes extranjeros en territorio mexicano en la última década refleja la falta de una política migratoria integral que promueva una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. Es necesario que el gobierno mexicano trabaje en conjunto con otros países y fortalezca sus políticas migratorias para abordar de manera efectiva este desafío y garantizar la protección de los derechos de los migrantes en el país.