Explotación laboral en el campo de Baja California: Jornaleros exigen justicia
Jornaleros agrícolas del sur de Ensenada, en la península de Baja California, exigen un registro real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un salario digno que incluya pagos por horas extras, días festivos y reparto de utilidades. Estas demandas surgen después de años de ser explotados por los contratistas, en lo que ellos llaman la práctica de “saliendo y pagando”. Los trabajadores del campo denuncian “complicidad” de algunos funcionarios del IMSS con los propietarios de los ranchos.
La práctica de “saliendo y pagando” es una especie de outsourcing en el que se evaden responsabilidades fiscales y contractuales entre el patrón y el intermediario de la mano de obra. Esta modalidad de pago en efectivo está al margen de la ley e incumple con los términos de salario y prestaciones. Las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconocen la existencia de esta práctica y de la complicidad entre algunos funcionarios del IMSS y los propietarios de los ranchos.
Los labriegos de Maneadero, por ejemplo, denuncian que su salario por jornada es de 200 pesos, cantidad que ha sido la misma desde hace ocho años, cuando en marzo de 2015 tuvo lugar el movimiento jornalero que paralizó la península de Baja California para señalar los abusos. Los jornaleros agrícolas exigen que se fije un pago diario de por lo menos 500 pesos. Además, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) reveló que hay empleadores en San Quintín que sólo pagan ocho horas, cuando en realidad son 12 horas las laboradas, incumpliendo el reconocimiento de las horas extras.
Cada hora adicional, según la ley federal en la materia, debe pagarse al doble, por lo que esas cuatro horas impagadas se convierten en otras ocho birladas al salario del trabajador, criticó la representación sindical. Los patrones dan de alta y baja a sus empleados para impedir que se contabilicen las semanas laboradas. El SINDJA expuso que hay casos de jornaleros de 73 años que sólo tienen cotizadas 100 semanas por lo que nunca se van a jubilar debido a esta grave anomalía entre el patrón y el IMSS.
El IMSS y la STPS reconocen que en San Quintín hay 80 mil jornaleros con contratos permanentes, establecidos y temporales, en más de 200 ranchos y empresas agrícolas. Sin embargo, los trabajadores del campo advierten que esta cifra corresponde al censo de 2015 y que se han incrementado los asentamientos en las colonias de San Quintín. El SINDJA ha detectado que los patrones simulan darlos de alta y asignan un número de afiliación ante el IMSS que resulta inexistente. Reciben un número, pero sólo en el papel, pues no cotizan, afirman. Reclaman que esta connivencia socava los derechos de los jornaleros agrícolas.
Una vieja demanda que persiste después del movimiento jornalero de 2015 es la desaparición del denominado “salario integrado” semanal,
en el que los patrones incluyen aguinaldo y reparto de utilidades, que corresponden al 10% de las ganancias patronales del año fiscal anterior. Para la zapoteca Abelina Ramírez, dirigente del SINDJA, asentado en San Quintín, municipio con población mayoritariamente indígena, ese salario integrado es “ilegal” pues no existe un desglose o detalle de los ingresos.
El primero y 2 de mayo pasados, agricultores de Maneadero instalaron un bloqueo intermitente a la Carretera Transpeninsular, luego de reunirse con el secretario estatal del Trabajo, Alejandro Arregui, a quien señalaron que hay empresas que incumplen con pago de horas extras, días festivos y vacaciones. El funcionario aseguró que “caerá todo el peso de la ley” a las empresas que incumplan con los derechos laborales y prestaciones. Advirtió sobre la existencia de una “red de enganchadores” que engaña a los trabajadores para transportarlos a ranchos y sujetarlos a la modalidad “saliendo y pagando”, en complicidad con mayordomos.
Walberto Solorio, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, reconoció los derechos de los trabajadores del campo y sostuvo que las empresas agrícolas son auditadas de forma periódica por los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, la realidad es que los jornaleros agrícolas de Baja California continúan sufriendo la explotación laboral y la violación de sus derechos fundamentales.
En el sur de Baja California, los jornaleros agrícolas trabajan largas jornadas en el campo, muchas veces sin recibir el pago justo por su trabajo. Además, no cuentan con las prestaciones de ley, como días de descanso, vacaciones pagadas, seguro social y aguinaldo, entre otros. Esta situación afecta gravemente su calidad de vida y la de sus familias, y pone en peligro su salud y seguridad.
El problema de la explotación laboral en el campo de Baja California no es nuevo. Ya en 2015, los jornaleros agrícolas de la región paralizaron la península para denunciar los abusos y exigir mejores condiciones laborales y salariales. Sin embargo, ocho años después, poco ha cambiado para estos trabajadores, que siguen sufriendo la explotación y la precarización de sus condiciones de trabajo.
El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de los trabajadores del campo y de erradicar la explotación laboral en la región. Para ello, es necesario llevar a cabo una reforma estructural en el campo, que incluya medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales de los jornaleros agrícolas, así como para fortalecer su acceso a los derechos sociales y económicos.
Es fundamental que las autoridades de la STPS y del IMSS investiguen y sancionen a las empresas que violen los derechos laborales y prestaciones de los trabajadores del campo en Baja California. Asimismo, es necesario que se promueva la sindicalización de los jornaleros agrícolas y se les dé el derecho a la negociación colectiva, para que puedan defender sus derechos laborales y salariales de manera efectiva.
En conclusión, la explotación laboral de los jornaleros agrícolas en el sur de Baja California es una realidad que debe ser enfrentada con firmeza y compromiso por parte de las autoridades y de toda la sociedad. Los trabajadores del campo merecen un salario justo, condiciones de trabajo dignas y acceso a los derechos sociales y económicos básicos, como cualquier otro trabajador en México. Es hora de poner fin a la explotación laboral en el campo de Baja California y garantizar los derechos de los trabajadores del campo en todo el país.