¡Justicia en el Estado de México! Víctimas de tortura sexual en Atenco finalmente ven progreso en su lucha legal
Después de una lucha legal de casi tres años, las mujeres que en 2006 fueron víctimas de tortura sexual por agentes federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, lograron que la Fiscalía General de Justicia del estado entregue la investigación sobre estos hechos a la Fiscalía General de la República (FGR), según informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El Centro Prodh denunció que durante estos 17 años, las autoridades estatales han sido las encargadas de la investigación, pero “ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres”. Por el contrario, la FGJEM ha obstaculizado el acceso a la justicia.
El segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, al resolver el amparo en revisión 245/2022, ordenó a la fiscalía estatal remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la FGR, la cual ahora tendrá la obligación de continuar con la investigación del caso, con los parámetros ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en 2018.
La FGR está obligada a conducir la investigación de manera integral, amplia, sistemática, minuciosa y sin dilación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso, así como los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión tanto federales, estatales o municipales, con la participación activa de las sobrevivientes y sus representantes, destacó el Centro Prodh.
La FGJEM solicitó una prórroga de 20 días para dar cabal cumplimiento a la resolución judicial, pero el juzgado solo le concedió 10 días, sin que hasta hoy se haya notificado a las afectadas si esto se ha cumplido. El Centro Prodh considera “alarmante y ominoso que a cuatro años de la emisión de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento, específicamente en cuanto al acceso a la justicia”.
Este caso representa una lucha por el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la FGR cumpla con su obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva y sin dilación para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, y para que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia.