Francisco Garduño regresa a los tribunales por muerte de migrantes en México
El martes 25 de abril, el titular de la agencia migratoria de México, Francisco Garduño, y uno de sus directores generales, Antonio Molina, regresan a los tribunales por la muerte de 40 migrantes en un centro de detención del norte del país, por el que ya están bajo proceso seis funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellos un alto funcionario que es un marino retirado. Los jueces decidirán si hay pruebas suficientes para seguir escalando en la cadena de mando, después de que se presentaran numerosas irregularidades en audiencias previas.
La Fiscalía acusa a Francisco Garduño de incumplir su obligación de proteger a los migrantes bajo su custodia y ha encontrado en la agencia faltas que “indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado” durante años. El martes presentará los cargos formales en su contra y las pruebas para avalarlos. Horas después, otro Juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, encargado de los procesos de verificación migratoria.
El incidente ocurrió el 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos, donde 40 migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio. Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio donde 68 hombres estaban encerrados sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
El militar retirado que era jefe del INM en el estado de Chihuahua, el contralmirante Salvador González, ha sido el funcionario de más alto rango procesado hasta ahora. Está acusado de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio por omisión, y se encuentra en prisión preventiva al igual que otros cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego. El Juez consideró que González era el responsable de las instalaciones siniestradas, que no vigiló que se cumplieran las normas contra incendios ni que los migrantes tuvieran condiciones de estancia dignas. También dijo que el militar avaló que los extranjeros estuvieran encerrados con candado como si el centro fuera una “prisión preventiva” y recordó que la Corte Suprema consideró inconstitucional detener a los migrantes por más de 36 horas, un periodo que se había superado en muchos casos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido su respaldo al jefe del INM pese a que han aumentado las críticas en su contra. En la entrada de la agencia en la Ciudad de México aparecieron carteles el lunes que decían “Se busca su renuncia” y “La política migratoria de México mata”, mientras un grupo de migrantes avanzaba por el sur mexicano pidiendo justicia y los países de origen de las víctimas