Banamex debe volver al pueblo: una lección de soberanía económica

Allá por mayo de 2023, el nombre de Germán Larrea volvió a los titulares, pero no como el “hombre fuerte” del sector minero o el aliado histórico del salinismo más rapaz, sino como el magnate que vio frustrado su intento por apoderarse de Banamex, una de las instituciones bancarias más emblemáticas del país. Fue una jugada que puso en evidencia la enorme distancia entre los intereses del gran capital oligárquico y el proyecto de nación encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La historia se desarrolló con claridad: Citibank, propietario de Banamex desde su extranjerización en 2001 bajo el régimen de Vicente Fox, había decidido deshacerse de la filial mexicana. Todo parecía indicar que Germán Larrea, con su habitual estilo de operar en la sombra, se perfilaba como el comprador principal, hasta que Citibank cambió de ruta y descartó la venta directa para optar por una oferta pública en el mercado accionario. Fue entonces cuando López Obrador sorprendió con una propuesta que cimbró al poder financiero del país.

Frente a la prensa, con su claridad habitual, el presidente expuso una alternativa que, lejos de beneficiar a un magnate, abría la puerta a una auténtica democratización financiera: una asociación público-privada en la que el Estado mexicano tuviera participación mayoritaria. En sus palabras, si el precio de Banamex rondaba los 7 mil millones de dólares, al descontar los impuestos que debía pagar Citibank, el gobierno podría entrar con un porcentaje y dejar el resto a la participación ciudadana. Un modelo de banca verdaderamente nacional, con rendición de cuentas, con vocación social.

Ese fue el punto de inflexión. Con una sola declaración, López Obrador desarmó el juego de los poderosos. Larrea, el magnate beneficiado por décadas de políticas neoliberales, quedó fuera de la jugada, y la oligarquía financiera, acostumbrada a operar con complicidad gubernamental, se vio de pronto expuesta, vulnerable y, sobre todo, desconcertada. No estaban acostumbrados a un gobierno que no se arrodilla ante sus intereses.

Pero lo que realmente está en juego va mucho más allá de una simple compraventa bancaria. Se trata de la posibilidad real de devolverle al pueblo mexicano el control sobre instituciones que históricamente le pertenecieron y que fueron privatizadas, saqueadas o extranjerizadas por los gobiernos neoliberales del PRIAN y sus cómplices.

Breve historia del despojo: Banamex en manos de la oligarquía

La historia reciente de Banamex es también la historia de cómo la oligarquía mexicana, de la mano del neoliberalismo más cínico, ha hecho del sistema financiero un botín. En 1982, José López Portillo nacionalizó la banca como respuesta a la fuga de capitales provocada por la crisis económica. Fue una medida de emergencia, pero también un acto de soberanía.

A partir de 1983, con Miguel de la Madrid, y especialmente bajo Carlos Salinas de Gortari, comenzó el proceso de reprivatización. El discurso era conocido: se buscaba “democratizar el capital”, según palabras del propio Salinas, pero en los hechos, lo que se construyó fue una concentración escandalosa del poder económico en manos de unos cuantos.

Los nombres se repiten: Claudio X. González Laporte, Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú, Emilio Azcárraga Jean… todos ellos actores centrales en la privatización de Banamex, y todos ellos beneficiarios de ese festín financiero que terminó en tragedia para el país: el Fobaproa.

Fobaproa: la gran estafa del PRIAN

En 1995, bajo Ernesto Zedillo, estalló la bomba: la crisis bancaria, derivada de una reprivatización sin regulación, obligó al Estado a “rescatar” a los bancos. Pero ese rescate no fue con dinero de los grandes capitalistas que jugaron con fuego. Fue con dinero del pueblo. Millones de mexicanos asumieron, vía deuda pública, el costo del desastre financiero provocado por banqueros irresponsables y gobiernos cómplices. Esa deuda sigue viva, sigue creciendo, sigue robando el futuro.

Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto: todos protegieron a los mismos. Todos se cuidaron de tocar los intereses de quienes se beneficiaron del Fobaproa y de la evasión fiscal. De hecho, cuando Citibank compró Banamex en 2001 por 12 mil 500 millones de dólares, el gobierno panista de Vicente Fox y su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, permitieron que esa operación estuviera libre de impuestos. Se calcula que se condonaron más de 4 mil millones de dólares. Un robo a la nación. Un robo autorizado.

Y entre los beneficiarios, nuevamente aparece Germán Larrea, quien formaba parte del consejo de administración de Banamex en ese momento, junto a su compadre Claudio X. González Laporte, los dos símbolos más crudos del salinismo empresarial que sigue respirando en la élite económica del país.

2025: ¿Regresa Larrea? ¿O regresa el pueblo?

Hoy, en 2025, el escenario vuelve a abrirse. Con López Obrador ya fuera del cargo y una nueva administración federal que ha heredado su mandato popular, Germán Larrea intenta retomar la compra de Banamex. Según él, ha presentado una propuesta para adquirir el 100% de Grupo Financiero Banamex. Pero Citibank, de manera sorpresiva, ha señalado que no ha recibido formalmente ninguna oferta.

La pregunta es inevitable: ¿pretende Larrea, una vez más, usar su influencia mediática para presionar una operación que le permita adueñarse de un banco que durante décadas ha operado al margen del interés nacional? ¿O está simplemente buscando encarecer la negociación, como ha hecho en otras ocasiones, para forzar condiciones favorables?

Lo que es evidente es que, pese a los intentos de los barones del dinero, el legado de la Cuarta Transformación sigue vivo: el pueblo ya no es espectador. Hoy exige participar. Hoy exige transparencia. Hoy exige que Banamex regrese a manos mexicanas, pero no de los de siempre, sino del verdadero dueño legítimo: la sociedad.

Contra la impunidad: el caso Larrea

No podemos dejar de señalar que Germán Larrea, además de sus intentos por apoderarse de Banamex, carga con un historial de tropelías en el sector minero que aún claman justicia. Desde la tragedia de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros bajo condiciones laborales deplorables, hasta su responsabilidad en violaciones ambientales, laborales y fiscales en sus múltiples concesiones.

La impunidad con la que se ha manejado durante décadas no es ajena a su cercanía con los gobiernos del PRIAN, que le facilitaron caminos, le perdonaron impuestos y le entregaron territorio nacional. Pero los tiempos han cambiado. Hoy hay un gobierno que, aún con los retos del relevo sexenal, ha demostrado que se puede gobernar para el pueblo y no para las élites.

Si el Estado mexicano decide participar en la adquisición de Banamex, no solo será una decisión económica, será una declaración política: los tiempos del despojo terminaron, la patria se defiende, y la soberanía financiera es parte central del proyecto de nación.

La banca al servicio de México, no de los magnates

La banca, entendida como motor del desarrollo, debe estar al servicio de las necesidades sociales. No se trata de nacionalizar por capricho, sino de recuperar lo que nos fue arrebatado. Una banca pública fuerte, aliada con la ciudadanía, puede ser una herramienta poderosa para financiar proyectos productivos, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, garantizar acceso a crédito a tasas justas y promover el bienestar en lugar de la especulación.

Y eso fue lo que propuso López Obrador: un esquema donde el pueblo participe, donde el Estado tenga voz y voto, y donde se rompa, de una vez por todas, el pacto de impunidad con los barones del dinero.

La historia no perdonará a quienes pretendan repetir los errores del pasado. La oportunidad está sobre la mesa: que Banamex regrese al pueblo. Que los privilegios de los Larrea y compañía queden en el basurero de la historia. Que el futuro sea, por fin, de todas y todos.

Porque el verdadero capital de México no está en las cuentas de los magnates, sino en la dignidad de su pueblo.