Tribunal suspende inhabilitación de empresa ligada al cierre de museos del INAH
Ciudad de México. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó este jueves, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la suspensión provisional de las sanciones impuestas a la empresa Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, una de las compañías involucradas en la crisis operativa que en junio pasado llevó al cierre temporal de recintos culturales clave del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), incluidos el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor y el Castillo de Chapultepec.
La decisión responde a medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que dejó sin efectos, de manera temporal, la inhabilitación de un año dictada por la SABG el pasado 11 de septiembre. Esta sanción había impedido a la empresa participar en procedimientos de contratación pública a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
El Grupo Pryse había sido adjudicatario en mayo, junto con otras dos compañías, de una licitación para brindar servicios de seguridad a instalaciones del INAH en Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas. No obstante, las protestas del personal de vigilancia por la falta de recursos y condiciones laborales derivaron en una crisis operativa sin precedentes, que obligó al cierre de los principales museos del país y puso en evidencia deficiencias estructurales en los contratos de seguridad.
Las circulares publicadas también señalan que la suspensión ordenada por el TFJA se extiende a otra resolución emitida el 9 de septiembre, en la cual se había inhabilitado por un año y seis meses a Pryse, y también a la empresa Protección, Resguardo y Servicios Empresariales.
El tribunal argumentó que mantener la inhabilitación podría comprometer la continuidad de los servicios de seguridad en instituciones públicas estratégicas, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde la vigilancia es esencial para garantizar la protección de pacientes, personal médico y materiales sensibles.
Mientras se resuelve el juicio de nulidad promovido por las empresas, las circulares de inhabilitación quedarán sin efectos, lo que permite a las compañías participar nuevamente en contrataciones con el Estado.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aclaró que esta suspensión no implica una exoneración definitiva, sino una medida provisional dictada por el órgano jurisdiccional competente, y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en los contratos públicos.
Desde el Gobierno de México se mantiene una postura clara: no habrá tolerancia hacia prácticas que comprometan la integridad del servicio público. Sin embargo, se respeta el estado de derecho y las resoluciones de los tribunales, privilegiando siempre la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, sin poner en riesgo el patrimonio cultural ni la seguridad institucional.