Predios ligados a Alito serán expropiados para universidad pública en Campeche

Campeche, Camp. Como parte de una política de justicia territorial y recuperación de espacios adquiridos mediante presuntos actos de corrupción, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la expropiación de tres predios relacionados con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, para la construcción de una sede de la Universidad Rosario Castellanos en la capital del estado.

La mandataria morenista reveló en su programa Martes del Jaguar que Moreno Cárdenas posee, a través de prestanombres, al menos 34 propiedades en la ciudad de Campeche. Señaló que los predios a expropiar se encuentran en el fraccionamiento Miramar y están formalmente a nombre de su madre, Yolanda Cárdenas Montero, y de su presunto arquitecto, Juan José Salazar. Estas propiedades, aseguró, estaban destinadas por el priísta a “amenidades” como canchas de pádel y golf, jardines para fiestas y caminos privados.

“Este no es un acto de despojo, es un acto de justicia social”, expresó Sansores. La expropiación se enmarca en la nueva Ley de Expropiación aprobada por el Congreso local, la cual otorga garantías jurídicas como un plazo de 45 días para audiencias y negociación del precio, antes de que se concrete el uso de utilidad pública.

La gobernadora dejó claro que no se permitirán más abusos mediante el uso de amparos para frenar decisiones legítimas del gobierno popular. “Ya presentamos el proyecto, cumplimos con todo lo que se requiere y vamos a tener una institución muy digna para los campechanos. Ya está todo listo para iniciar en mes y medio”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la acción al señalar que estas propiedades “fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción”. En su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal trabaja en una propuesta para reforzar la legislación sobre extinción de dominio, con el fin de facilitar que bienes adquiridos ilegalmente por servidores públicos o a través de actos de corrupción puedan ser recuperados por el Estado.

“La extinción de dominio debe poder aplicarse también cuando se comprueba que un inmueble fue adquirido con recursos públicos desviados o mediante moches. Estos bienes deben ser puestos al servicio del pueblo, por ejemplo, entregándolos a la SEP para escuelas y universidades”, puntualizó la presidenta.

Sobre el juicio político en contra de Alito, Sansores afirmó que “no se ha bajado la guardia”, a pesar de que solicitudes anteriores fueron desechadas. “Presentamos ante el Congreso una solicitud de juicio de procedencia que fue clausurada porque no tenemos mayoría, pero seguimos insistiendo. Vamos a demostrar lo que se tenga que demostrar”, aseguró.

El Gobierno de México continúa impulsando una transformación profunda, donde los recursos del pueblo regresen al pueblo. La recuperación de estos predios representa no solo un acto legal, sino también simbólico: convertir el lujo de unos cuantos en un espacio de aprendizaje y desarrollo para miles de jóvenes campechanos.