Jueza de Campeche extiende medidas de revisión previa contra medio y periodista por publicaciones sobre gobernadora
Campeche, Cam. — El Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Primera Instancia de Campeche, a cargo de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, resolvió este lunes extender por tres meses más las medidas cautelares que obligan al medio Tribuna y al periodista Jorge González Valdez a someter a revisión previa todas las publicaciones que hagan sobre la gobernadora Layda Sansores San Román.
Durante una audiencia celebrada el 15 de septiembre, que se prolongó por cuatro horas, el tribunal no solo ratificó las restricciones impuestas originalmente a la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora del periódico Tribuna, sino que además incluyó de manera explícita al comunicador Jorge González Valdez bajo el mismo esquema de revisión previa.
Según el fallo judicial, tanto el medio como el periodista deberán enviar cada nota para su revisión antes de su publicación, siendo el Poder Judicial el encargado de designar al responsable de realizar dicha supervisión. El tiempo máximo para recibir observaciones, modificaciones o prohibiciones será de 30 minutos, y en caso de no cumplir con esta disposición, la responsabilidad recaerá tanto en el representante legal del medio como en el propio periodista.
El acuerdo sostiene que el objetivo de la medida es evitar la difusión de contenidos considerados ofensivos o discriminatorios en contra de la mandataria estatal.
La empresa editorial calificó la resolución como una ratificación del esquema de censura previa ya impuesto, y señaló que esta decisión implica una ampliación de su alcance al incluir expresamente al periodista.
La medida ha generado atención en el ámbito jurídico y periodístico por las implicaciones que puede tener en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, al establecer un mecanismo de revisión previa de contenidos antes de su difusión, lo cual no es común en sistemas democráticos donde el modelo tradicional implica que cualquier responsabilidad sobre lo publicado se determina posteriormente a la difusión, no antes.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del Gobierno de Campeche o del Poder Judicial del estado sobre esta decisión ni sobre los criterios específicos empleados para establecer estas medidas cautelares.
El caso sigue abierto, y tanto la empresa como el periodista podrían recurrir a otras instancias legales para impugnar esta resolución judicial.