Justicia ambiental avanza en Guanajuato pese a intentos de frenar investigaciones
Guanajuato, Gto. — En un acto firme en defensa del medio ambiente y la legalidad, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró siete hectáreas del fraccionamiento La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, un área natural estratégica para el estado de Guanajuato. El operativo, realizado el pasado 30 de julio de 2025 en el predio conocido como La Rosita, responde a una investigación por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
La medida judicial fue impugnada por la empresa Loma de Irapuato, propiedad del exdiputado federal del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba, quien promovió tres juicios de amparo (1315/2025-I y 1115/2025 en el juzgado primero de distrito, y 1149/2025 en el segundo de distrito), con el aparente objetivo de detener las acciones legales en su contra.
Para el representante de la organización civil Acción Colectiva Socioambiental, Gustavo Lozano Guerrero, estos recursos representan un intento de obstrucción al avance de la justicia ambiental. “Buscan entorpecer el trabajo de la FGR y retrasar un proceso que demanda la sociedad guanajuatense con urgencia”, señaló el activista.
Lozano recordó que esta no es la primera vez que la empresa recurre al uso del amparo como mecanismo dilatorio, pues en 2020, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente las obras del mismo fraccionamiento, Loma de Irapuato interpuso el amparo 145/2020, lo cual permitió la continuación de actividades sin contar con las autorizaciones ambientales correspondientes.
“Aunque la sentencia dejaba abierta la posibilidad de nuevas inspecciones y sanciones, estas nunca se realizaron, lo que derivó en un periodo de impunidad ambiental y daños continuos al ecosistema de la Sierra de Santa Rosa”, denunció el ecologista.
La Sierra de Santa Rosa, ubicada en el corazón del estado, es un patrimonio natural de incalculable valor ecológico y social, hogar de especies endémicas y fuente de servicios ambientales como captación de agua y regulación climática. Por ello, organizaciones civiles y ciudadanía han solicitado que se respete la legislación ambiental y se frene cualquier intento de urbanización irregular en la zona.
“El juicio de amparo es una herramienta para la defensa de los derechos humanos, no un escudo para proteger intereses privados que destruyen el medio ambiente”, sentenció Lozano. Y añadió que los intentos de usar el Poder Judicial como refugio para evadir la ley constituyen un agravio contra los principios constitucionales y la justicia ambiental.
En este contexto, hizo un llamado enérgico a las y los jueces de distrito a actuar con independencia, rigor técnico y perspectiva ambiental, reconociendo el derecho humano a un medio ambiente sano, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
El caso La Cucursola es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones y sociedad civil puede marcar un precedente en la defensa del territorio y el cumplimiento de la ley ambiental. El Gobierno de México mantiene su compromiso con la protección de los ecosistemas y el combate a la impunidad, trabajando por un país más justo, sustentable y respetuoso de su riqueza natural.