Sheinbaum propone redistribuir presupuesto del Poder Judicial hacia salud, educación y cultura
Ciudad de México.— En un claro ejercicio de responsabilidad fiscal y justicia social, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno ha orientado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que reduzca el presupuesto excesivo solicitado por el Poder Judicial y se reoriente hacia sectores prioritarios como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), universidades públicas, salud, educación e infraestructura.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que el actual Ejecutivo Federal no fue el responsable de haber solicitado un presupuesto elevado para el Poder Judicial. “Ese presupuesto lo envió la Corte anterior, con 15 mil millones de pesos adicionales que, desde nuestro punto de vista, no son necesarios”, detalló.
Explicó que, al ser un órgano autónomo, el Poder Judicial presenta su propio presupuesto, el cual fue elaborado antes del inicio del actual periodo judicial, por lo que los nuevos ministros “no corrigieron eso, no necesariamente porque estén de acuerdo, sino porque probablemente no les dio tiempo”.
Con base en el principio de austeridad republicana que rige a la Cuarta Transformación, Sheinbaum sostuvo que los gastos del Poder Judicial pueden reducirse sin afectar su funcionamiento. “Ya no va a haber salarios tan altos en ese poder, y se va a implementar una política de austeridad. Es justo que ese presupuesto se reoriente a donde más se necesita”, subrayó.
En este sentido, propuso que los 15 mil millones de pesos se destinen a fortalecer áreas esenciales para el desarrollo nacional y el bienestar de la población. “Por ejemplo, el INAH, que salió con un poco menos de presupuesto, o algunas universidades públicas que también necesitan un impulso. Además, se puede invertir más en infraestructura, salud o educación, que son los principales derechos del pueblo de México”.
La presidenta reafirmó que este tipo de decisiones no solo obedecen a criterios administrativos, sino a una visión de país donde los recursos públicos se utilizan con eficiencia, responsabilidad y orientación social. “No es posible mantener privilegios en un país que requiere inversión para garantizar los derechos básicos de todas y todos”, concluyó.
La propuesta de redistribución presupuestal será analizada por el Congreso de la Unión, en un ejercicio democrático que refleja el compromiso del Estado mexicano con el bienestar colectivo y el uso honesto de los recursos públicos.