El Show de la DEA: Provocación y Mentira contra la Soberanía de México

Lo que se vivió recientemente con el caso del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos no fue más que otro capítulo del eterno espectáculo de luces y sombras que suele montar el gobierno estadounidense para simular avances en la lucha contra el narcotráfico. Un show, nada más. Uno en el que son maestros. El juicio, la narrativa y el despliegue mediático nos ofrecieron todo menos novedades, aunque en esta tierra algunos decidamos mirar con sumisión casi religiosa.

¿Qué nos dijeron que no supiéramos? Que El Mayo acumuló miles de millones de dólares, que corrompió instituciones, que es responsable de incontables crímenes, y que, según fuentes cercanas, padece un cáncer terminal que lo llevará a morir en una cárcel norteamericana. ¿Y entonces, para qué tanto reflector? ¿Qué mensaje está realmente detrás de este montaje judicial y mediático?

La respuesta está en la geopolítica, en los intereses de la DEA, y en la manera arrogante con la que Estados Unidos pretende condicionar la política de seguridad de México, justo ahora, cuando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una línea clara: cooperación sí, pero sin sumisión.

Y es que el mismo show montado en torno a Zambada se enmarca en una estrategia más amplia y peligrosa. Apenas la semana pasada, la DEA hizo circular otra de sus acostumbradas falsedades: que existía un convenio oficial entre México y Estados Unidos que, aunque no se dijera con todas sus letras, implicaba una cesión de soberanía por parte de nuestro país.

Esa mentira, disfrazada de “filtración” o “exclusiva”, no es menor. Representa un intento deliberado por parte de la agencia norteamericana de desestabilizar las relaciones bilaterales, minar la posición de México en futuras negociaciones de seguridad y, sobre todo, ensuciar el nuevo proyecto de nación encabezado por Sheinbaum. No es coincidencia que esta narrativa aparezca justo cuando está por firmarse un nuevo acuerdo bilateral en materia de seguridad, uno que buscará garantizar el respeto a nuestra soberanía y poner freno a las prácticas de espionaje e intervención directa que fueron comunes durante los gobiernos del PAN y el PRI.

Ante esta maniobra, la presidenta reaccionó con firmeza. Desmintió categóricamente la existencia de tal convenio y dejó claro que la relación con Estados Unidos será en términos de respeto mutuo, no de subordinación. Lejos han quedado los días en que personajes como Vicente Fox o Felipe Calderón abrían las puertas de nuestras instituciones a agencias extranjeras sin el menor reparo. En aquellos tiempos, los operativos de la DEA en suelo mexicano eran moneda corriente, incluso sin autorización formal, y muchas veces con consecuencias funestas.

No por nada, durante el gobierno de Calderón —aquel que declaró una “guerra contra el narcotráfico” que solo trajo muerte, impunidad y más poder para los cárteles— la presencia de agentes estadounidenses en nuestro país se volvió descarada. Y esa inercia aún la quieren mantener. Pero este gobierno no está dispuesto a permitirlo.

La insistencia de la DEA en repetir su versión, aun después del desmentido oficial, no puede leerse más que como una provocación. Una estrategia cínica, infantil en su ejecución, pero peligrosa en sus implicaciones. ¿Qué buscan? Tal vez debilitar al gobierno mexicano en la mesa de negociación. Tal vez posicionarse como los “salvadores” de una lucha que, en realidad, nunca han querido ganar del todo. Porque si se acaban los cárteles, ¿a quién culparán después? ¿Quién justificará sus presupuestos multimillonarios?

Fuentes cercanas al proceso de negociación revelan que estas provocaciones estuvieron a punto de romper el diálogo bilateral. Y no es para menos. México, con razón, expresó su inconformidad ante las mentiras y la actitud intervencionista de la agencia. Pero hubo cordura. Por ambas partes. Y se lograron avances importantes hacia un acuerdo más equilibrado, que garantice una cooperación efectiva, pero sin perder de vista nuestra independencia como nación.

La presencia armada de agentes extranjeros en territorio mexicano no será aceptada sin condiciones, y mucho menos sin transparencia. Los días en los que se actuaba a espaldas del pueblo mexicano quedaron atrás. La política exterior de este gobierno, heredera del proyecto transformador iniciado por Andrés Manuel López Obrador, defiende la autodeterminación de los pueblos y el respeto irrestricto a la soberanía.

Pero no nos engañemos: el show mediático en torno a Zambada apenas comienza. Como bien dicen allá, The show must go on. Es probable que en las próximas semanas veamos más “revelaciones”, más escándalos, más intentos de presionar a México. Debemos estar preparados, firmes, y unidos detrás de un proyecto de nación que ha demostrado valentía frente al imperio.

Y mientras esto ocurre en el plano internacional, en lo local también se libra una batalla. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, la situación del comercio informal vuelve a ser tema de debate. Muchos se preguntan quién realmente se beneficia del desorden, del hacinamiento, del caos que representa una ocupación desmedida de las calles por vendedores ambulantes.

No hay que buscar muy lejos. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad parece mirar hacia otro lado, mientras el fenómeno se desborda. Más de 600 bodegas, muchas controladas por comerciantes de origen chino, alimentan un mercado informal que crece sin control y que, evidentemente, responde a intereses muy concretos.

Uno de los personajes clave en esta trama es César Cravioto, un funcionario con evidentes intereses políticos ligados a las organizaciones de vendedores ambulantes. Su apuesta parece ser la de mantener el Centro Histórico como un bastión clientelar, bajo control de grupos que se movilizan según convenga a sus intereses. Y lo que se ve ahora rebasa por mucho lo vivido en años anteriores.

Esto no es un fenómeno espontáneo. Es una estrategia política. Una que pone en riesgo la recuperación urbana, el turismo, y la vida digna en el corazón de la capital. Una que recuerda los vicios de gobiernos anteriores, pero que debe ser enfrentada con la firmeza que ha caracterizado a este nuevo gobierno.

El desorden no puede ser la norma. Ni en la política exterior ni en la gobernanza interna. México está cambiando. Y ese cambio molesta a muchos: a las agencias estadounidenses que ven mermado su poder; a los políticos de oposición que sueñan con el regreso del viejo régimen; y a quienes medran del caos urbano para sostener sus cuotas de poder.

Pero la Cuarta Transformación ha demostrado que no se doblega. Que no negocia principios. Y que, a pesar de los embates —nacionales y extranjeros—, sigue firme en su rumbo. Hoy, más que nunca, debemos cerrar filas, defender nuestras instituciones y decir, con claridad: no más shows. Lo que México necesita es respeto, cooperación y justicia. No mentiras. No intervenciones. No espectáculos vacíos.