Once años de impunidad: comunidades del Río Sonora exigen justicia y atención integral

Hermosillo, Son.– A once años del derrame tóxico más grave en la historia minera del país, provocado por la mina Buenavista del Cobre —operada por Grupo México—, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) realizaron una velada de memoria y resistencia en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, frente al Antimonumento Río Sonora. El acto, cargado de dignidad comunitaria, rindió homenaje a tres de sus líderes históricos recientemente fallecidos: Norberto Bustamante López, Martha Patricia Velarde y Francisco Ramón Miranda Córdova, quienes encabezaron durante más de una década la lucha por justicia ambiental en la región.

La jornada conmemorativa fue convocada como un espacio para honrar no sólo la vida de quienes lucharon incansablemente, sino para reiterar las exigencias urgentes de justicia, reparación del daño y atención integral. “Recordamos a Ramón, a Patricia y a Norberto porque sembraron dignidad en este desierto que aún espera justicia. Esta velada no es solo para honrar su lucha, sino para afirmar que sigue vigente: por la vida, la salud y el derecho a un río limpio”, expresaron los organizadores.

Durante el evento, Martín Valenzuela y Filomena Bonilla, voceros de los CCRS, leyeron un contundente manifiesto donde denunciaron el abandono sistemático del Estado mexicano en todos sus niveles. Afirmaron que, pese a la magnitud del desastre —ocurrido el 6 de agosto de 2014, cuando se vertieron más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil personas en ocho municipios—, no existe hasta la fecha una remediación ambiental ni acceso a servicios de salud especializados.

“A once años del derrame, seguimos tomando agua contaminada. No hay acceso a un sistema de salud especializada, no existe remediación ambiental y las secuelas sociales aumentan cada año. Lo más grave es que esto sucede con total indiferencia institucional”, denunciaron frente al antimonumento.

Aunque reconocieron que la responsabilidad directa recae en Grupo México, encabezado por Germán Larrea, los CCRS señalaron que el mayor agravio ha sido la simulación institucional de los tres niveles de gobierno. “El gobierno federal ha reconocido que en 2014 hubo contubernio entre funcionarios y la empresa para simular la reparación del daño. ¿Dónde está entonces la justicia prometida?”, cuestionaron.

En un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, las comunidades afirmaron que sus funcionarios le están ocultando la verdad. “No existen trabajos reales de potabilización, ni atención médica especializada, ni un plan integral con cronograma y presupuesto que atienda la emergencia social y ambiental que prevalece en la cuenca”, advirtieron.

Filomena Bonilla reiteró las demandas concretas: la calendarización inmediata de un plan de atención a la salud, la construcción de un hospital para enfermedades ambientales, la operación de 30 plantas potabilizadoras con filtros para metales pesados, una unidad permanente de vigilancia epidemiológica en Ures y un programa de remediación ecológica del río Sonora.

La velada concluyó con música, palabras de familiares y un mensaje claro: el tiempo no borra los daños ni el abandono. La lucha de los pueblos del Río Sonora sigue viva, y con ella, la exigencia de justicia y dignidad frente a una tragedia que marcó a generaciones.